Poblaciones indígenas del Chocó están siendo amenazadas para que salgan de sus territorios

Según la Defensoría del Pueblo, hay una gran preocupación por riesgo de reclutamiento y desplazamiento forzado de niños y adolescentes.

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FOTO: Vía Twitter (@flecho_co)
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El conflicto armado tiene acorralado al departamento fronterizo de Colombia, principalmente, grupos como el Clan del Golfo, han buscado asentarse en este territorio y expandirse aprovechando su selvática geografía y la baja presencia del Ejército y del Estado.

Por ejemplo, hace pocas horas la Séptima División del Ejercito informó que “retomó” el control en Nóvita, municipio que llevaba 2 semanas confinadas por amenazas de asesinatos y campos minados por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Eran unas 4.000 personas, 25 comunidades étnicas, de las cuales habían 6 que eran indígenas, reportó la Defensoría del Pueblo.

Puntualmente las poblaciones indígenas del departamento son las que más se están viendo vulneradas por estos conflictos armados. Hasta los niños de estas comunidades prefieren suicidarse, antes de ser reclutados por los grupos armados que hacen presencia en el Chocó.

“La ley del silencio” es la que gobierna en esta región del país, según El Espectador, en Carmen del Darién y el Bajo Atrato, hay denuncias de líderes indígenas donde aseguran que no pueden movilizarse libremente por sus territorios, pues señalan, que el Clan del Golfo se está expandiendo y asentando en las cuencas de los ríos, por lo que deben pedir “permisos especiales” para entrar o salir de allí. “Si bajamos para el municipio, no podemos llevar un valor de comida superior a los 20 mil pesos. Siempre exigen factura”.

En contraste, el alcalde del Carmen del Darién le señaló al diario que no ha recibido ninguna queja sobre este tema, aunque reconoce que existen dificultades de orden público. Ayer, culminó la visita de la Alta Consejería Presidencial, en Quibdó, donde discutieron soluciones o alternativas sobre temas como el desplazamiento, el reclutamiento y los suicidios que se están presentando en el Chocó.

La CIPRUNNA es la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados. Dicha comisión, junto con la Defensoría del pueblo y Carlos Alberto Baena, viceministro del Interior para la participación e igualdad de derechos, participaron de la visita de la Consejería, donde se emitieron 6 alertas tempranas que advierten el riesgo de reclutamiento en el Chocó. Bojayá, Condoto, El Litoral de San Juan, Medio Atrato y Nóvita son los municipios en los que se presenta un mayor riesgo.

Pero los esfuerzos no son suficientes, Manuel Alirio Cáceres González, un campesino que se dirigía a hacer sus labores diarias, el día de ayer, pisó una mina en Mochadó, corregimiento del municipio del Bajo Baudó, Chocó, a orillas del río Docampadó. Tras el hecho tuvo que ser trasladado a un centro asistencial porque su pierna quedó mutilada. En el municipio hay preocupación porque la mina se encontraba a unos 20 metros de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús.

Hermeneguildo González, alcalde de Bajo Baudó, señaló que temen un desplazamiento masivo hacia el casco urbano, pues en total unas 6.000 personas están confinadas por estos hechos, que se vienen presentado desde el 2021. Este es el tercer caso que se presenta este año en el municipio, por lo que piden ayuda de la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Nacional.

Pero, a pesar del conflicto y que muchos moradores han preferido huir de los territorios, incluso sin tener acceso a la salud o si quiera un puesto de salud cercano, algunos otros prefieren morir allí, antes que salir de sus tierras.

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