Las autoridades en el Putumayo informaron que se han identificado ocho de las 11 personas que murieron en el operativo militar que realizó el Ejército nacional el pasado 28 de marzo. El acontecimiento fue presentado como un supuesto golpe contra la disidencias de las Farc en el municipio de Puerto Leguízamo; sin embargo, varias organizaciones sociales y testigos aseguraron que se habría tratado de una masacre bajo la modalidad de falsos positivos.
La situación se conoció por una denuncia que hizo la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), quienes le pidieron al Ministerio de Defensa que “aclare que las personas asesinadas no eran guerrilleros sino población civil”.
El ministro de Defensa, Diego Molano, se mantuvo en la línea de la primera declaración que dio a los medios de comunicación y aseguró que dentro de los 11 fallecidos había nueve presuntos guerrilleros a quienes, supuestamente, se les había encontrado “arsenal de guerra”. A su vez, el funcionario del gobierno de Iván Duque dijo que el “operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros”.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, terminó confirmando lo que señaló la OPIAC y dio a conocer que entre las víctimas se encontrarían, el presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández Rojas, su esposa, un adolescente de 16 años y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche. Esta misma información fue confirmada por investigadores de la organización no gubernamental, Human Rights Watch.
La entidad del Ministerio Público, indicó que la población civil debe quedar al margen de cualquier tipo de acción en el marco del conflicto y que su derecho a la vida debe ser siempre protegido. Además, le solicitó a las autoridades judiciales esclarecer rápidamente los hechos.
Asimismo, las versiones que ha dado el Ejecutivo colombiano fueron desvirtuadas por organizaciones en pro de los derechos humanos tanto en Putumayo, como en Colombia. Hasta las Naciones Unidas (ONU), y su representación en el país emitieron pronunciamientos al respecto.
Por lo mismo, la Procuraduría General de la Nación le dio plazo hasta el 1 de abril a las Fuerzas Militares para aclarar lo ocurrido en Puerto Leguízamo. A su vez, les solicitó la copia de la orden de operaciones que soportó el desarrollo de la acción militar y el informe operacional después de que se realizó el operativo en la vereda El Remanso.
La situación actual en Puerto Leguízamo
El secretario de Gobierno de Putumayo, Carlos Gerardo González, explicó ante El Espectador que la región tiene un grave problema de narcotráfico y confirmó que 8 de los 11 fallecidos ya fueron identificados.
“Se adelantó la custodia de los once cadáveres para que los trasladaran a Puerto Asís y posteriormente a Mocoa”, confirmó el secretario. González también destacó el acompañamiento psicosocial que se está realizando y los respectivos apoyos funerarios para las familias de las víctimas que ya fueron reconocidas.
El funcionario comentó que ha insistido al Ministerio de Defensa y del Interior para que se haga un consejo de seguridad de orden nacional. “En Puerto Leguízamo ya estamos coordinando con la dirección especializada de derechos humanos de la Fiscalía un equipo de más de 18 técnicos que llegaron al territorio, en compañía de cuatro fiscales especializados y que este jueves o viernes ya estarán en la zona”, aseveró González.
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