Emilio Tapia habló por primera vez sobre Centros Poblados

El empresario Emilio José Tapia, citado como testigo en el caso del Ministerio TIC y la Unión Temporal Centros Poblados, compareció este miércoles ante el procurador sexto delegado ante el Consejo de Estado con funciones de juzgamiento disciplinario, Antonio José Núñez.

Aunque este caso fue destapado a mediados de 2021 y Tapia fue enviado a prisión en septiembre, solo hasta ahora se conocen sus primeras declaraciones sobre su participación en la unión temporal. La audiencia se retrasó en varias oportunidades, con todo tipo de excusas e inconveniencias.

Por ejemplo, Tapia estuvo citado en febrero pasado para comparecer ante la Procuraduría por el mismo caso, pero el mismo día de la audiencia envió una carta con un dragoneante de La Picota, escrita a mano y con una huella, en la que decía “no puedo asistir a la audiencia programada para el día de hoy por problemas de salud debido a la vacuna y esta me tiene con malestar”.

En esta ocasión, el procurador Núñez tuvo que esperar dos horas para que Tapia pudiera conectarse, ya que hay problemas de conectividad en Picaleña. Finalmente, el procesado por la presunta falsificación de pólizas de seguros se pudo conectar a través de un celular corporativo de uno de sus guardias.

Entre otras cosas, Tapia aseguró que se había confiado en la palabra de Juan José Laverde, de la agencia de seguros, quien conseguiría las pólizas de cumplimiento. No obstante, faltando poco tiempo para que se cumpliera el plazo de entrega de requisitos, Laverde le quedó mal e intentó solicitar un plazo adicional a MinTIC, pero la cartera no lo concedió.

Luego de que Laverde hablara con otro tramitador de pólizas, le informó a Tapia que dicho funcionario puso varias condiciones, incluidos unos honorarios por la gestión. Al verse cortos de tiempo, aceptaron las condiciones siempre y cuando no hubiera más retrasos.

La Fiscalía señala que el contrato y la entrega del anticipo de 70 mil millones de pesos, que tuvieron lugar en julio de 2020, se dieron con pólizas del Banco Itaú que les dieron los puntos necesarios para ganar la convocatoria; después se supo que dichos documentos eran falsos. El empresario aseguró que no sospechaba de que la garantía fuera irregular.

A comienzos de marzo, tras el escándalo de los presos que podrían estar ejerciendo influencias desde sus centros de reclusión y recibiendo beneficios adicionales por parte del Inpec, se decidió que Emilio Tapia debía ser trasladado desde La Picota de Bogotá a la Cárcel Picaleña, de Ibagué.

Tapia intentó retrasar este traslado con una prueba falsa de covid-19 positiva, que lo obligaría a guardar cuarentena para la protección de los otros privados de la libertad y el personal del Inpec. No obstante, se descubrió el fraude —Tapia no había salido de la cárcel y no había forma de que se hubiera tomado la prueba adentro—, de modo que fue trasladado.

Después, el 16 de marzo, la fiscal encargada del caso de Centros Poblados había pedido al nuevo director del Inpec que el empresario fuera trasladado de vuelta a La Picota. Según la fiscal, este cambio de cárcel afecta el proceso de reintegro patrimonial, pues Tapia no podría seguir haciendo el proceso, reveló Blu Radio.

Aún no hay respuesta sobre esta solicitud, de modo que Tapia sigue recluido en Picaleña y desde allí hizo su declaración de este miércoles.

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