Defensoría solicita medidas urgentes ante la crisis humanitaria en centros de detención transitoria

La Defensoría del Pueblo solicitó este jueves solucionar de manera urgente la crisis por hacinamiento que se presenta en los centros de detención transitoria en Colombia, la cual estaría provocando una grave vulneración de los derechos humanos a la población privada de la libertad y que estaría agudizada por la crisis sanitaria del covid-19.

Así lo informó el defensor del pueblo, Carlos Camargo, durante la presentación del informe sobre la situación actual de los derechos humanos de la población que se encuentra en los centros de detención transitoria del país, quien explicó que el histórico problema del hacinamiento se trasladó a las URI de la Fiscalía y estaciones de Policía luego que el Inpec prohibiera en marzo de 2020 el ingreso de nuevos condenados y sindicados a sus cárceles.

“Las personas privadas de la libertad que se encuentran recluidas en estos lugares están sometidas a graves vulneraciones a sus derechos que impiden cualquier asomo de resocialización y generan amenazas a la vida e integridad tanto de los privados de la libertad como de la fuerza pública, que se ve obligada a asumir una tarea que se aleja de su misión constitucional”, señaló el defensor.

Antes de que el Inpec tomara esta determinación en los centros de reclusión que administra en el territorio nacional, el hacinamiento superaba el 51,49 %, lo que representaba una sobrepoblación de 41.670 reclusos, no obstante, esta cifra disminuyó en cerca de un 30 % a marzo de 2022 en las cárceles administradas por la entidad, sin embargo, esta problemática se trasladó a los centros de detención transitoria del país.

En ese sentido, señaló que para agosto de 2021 se registraba un hacinamiento del 189 % en las URI de la Fiscalía y estaciones de Policía del país, sin embargo, para marzo actual las cifras de hacinamiento superan el 194 % con 20.951 personas privadas de la libertad en centros transitorios con capacidad para 7.131 detenidos, generando una vulneración en los derechos de estas personas que debe ser atendida con urgencia.

“Estas cifras de hacinamiento se traducen en espacios inadecuados para dormir, consumir alimentos, facilita la propagación de enfermedades debido a la falta de ventilación, y aumenta el estrés entre la población privada de la libertad, lo que se traduce en constantes riñas e intentos de amotinamiento, una de las razones por las que insistimos en la urgencia de la reforma integral al sistema penitenciario y carcelario”, indicó el defensor Camargo.

Asimismo, indicó que las nueve ciudades con las cifras más altas de hacinamiento en el país en estos centros son: Bucaramanga con 835.6 %, Santa Marta con 590 %, Bogotá con 553.4 %, Cúcuta con 491.4 %, Riohacha con 333.7 %, Medellín con 293.3 %, Cali con 274.3 %, Valledupar con 268 % y Maicao con 208 %.

Por último, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las entidades públicas vinculadas al sistema penitenciario y carcelario del país con el propósito que adopten las medidas necesarias de manera oportuna para que se inste a que en los centros de detención transitoria se cumpla con una “estricta destinación legal y dejen de ser usados como establecimientos de reclusión permanente”.

“Se concluye de lo anterior que existe una situación de afectación del derecho fundamental a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de las personas que deben permanecer internas en las URI y Estaciones de Policía de Bogotá, en las condiciones antes señaladas, la cual hace procedente otorgar el amparo y adoptar medidas encaminadas no solo a superar la situación actual en esos centros de detención transitoria, sino además encaminadas a prevenir que vuelvan a ocurrir hechos similares, ante el peligro latente que así suceda”, finaliza en informe de la Defensoría.

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