Con nueva tutela, buscan frenar el piloto de fracking en Santander

La Corporación un Afrocolombiana de Puerto Wilches (Afrowilches) interpuso la demanda en contra del Ministerio del Interior, la ANLA y Ecopetrol por no consultar con la población la autorización de la exploración

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Foto de archivo. La Corporación
Foto de archivo. La Corporación un Afrocolombiana de Puerto Wilches (Afrowilches) interpuso una tutela contra el Ministerio del Interior, la ANLA y Ecopetrol por no consultar la realización del piloto. REUTERS/Luisa González

Recientemente se conoció que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales aprobó un plan piloto de fraking en Puerto Wilches, Santander. Este hecho generó molestia en la comunidad en general pues esta práctica atenta contra el medio ambiente y los recursos naturales.

Además, la decisión de aprobar el piloto denominado Kalé, no habría sido consultada con las comunidades afro de esa zona del país, por lo que la Corporación un Afrocolombiana de Puerto Wilches (Afrowilches) decidió interponer una acción de tutela que busca frenar esta actividad.

Junto con organizaciones defensoras de derechos humanos, este jueves 31 de marzo se radicó la tutela ante un Juzgado de Circuito contra el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Ecopetrol, por la vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada de Afrowilches.

Con esta tutela se busca suspender tanto la licencia ambiental otorgada el pasado viernes por la ANLA para el proyecto piloto de fracking Kalé, como el trámite de licenciamiento en curso para el proyecto Platero. Los anterior, hasta que se haga la respectiva consulta con las comunidades en todas sus etapas.

“Hemos interpuesto esta acción de tutela ante la omisión del Ministerio del Interior, la ANLA y Ecopetrol, quienes pese a solicitudes realizadas y a conocer de la existencia y el registro de esta organización, avanzan de manera ilegal en el trámite de licenciamiento ambiental sin realizar el proceso de consulta previa, violando los artículos 2, 7, 40 y 330 constitucional y el art. 7 del Convenio 169 de la OIT”, manifestó Rosa María Mateus, abogada del colectivo José Alvear Restrepo.

Por su parte, Lizeth Gómez, abogada de la Corporación Podion y la Alianza Colombia Libre de Fracking, “esta acción es el reflejo de las arbitrariedades de la ANLA y Ecopetrol en su afán de obtener a las carreras las licencias ambientales para los pilotos de fracking Kalé y Platero antes de finalizar este gobierno, por lo que buscamos la garantía de los derechos de las comunidades afrocolombianas que se han opuesto al desarrollo de estos proyectos en Puerto Wilches”.

Las organizaciones de derechos humanos y Afrowilches aseguraron que las autoridades deben ser justas y frenar estos procesos, esto en busca de proteger los derechos de las comunidades afro que podrían verse, junto a sus territorios ancestrales, gravemente afectadas con este tipo de prácticas invasivas que han sido fuertemente rechazadas por expertos y defensores del medio ambiente.

“Esperamos que la justicia proteja nuestra identidad étnica y cultural que podrían verse afectadas directamente por estos proyectos nocivos, y ordene suspender los pilotos de fracking de forma inmediata, para que de esta manera no se cause un perjuicio irremediable a nuestro territorio ancestral, al agua, los ecosistemas y las formas de vida de las comunidades afrocolombianas de Puerto Wilches”, puntualizó Pedro Antonio Carballido, representante legal de la Corporación Afrowilches.

Luz verde de la ANLA para piloto de fracking en Puerto Wilches

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA— concedió a la estatal petrolera colombiana, Ecopetrol, la licencia para iniciar el proyecto piloto de investigación (PPI) a ejecutarse en Puerto Wilches, Santander, pese al rechazo de activistas ambientales de la región oriente de Colombia.

El plan piloto Kalé tiene como objetivo reunir la información técnica, ambiental y social, cuyos resultados podrían ser el escenario que permita la implementación del fracking como práctica de exploración petrolera en el país.

Este proyecto, que fue aprobado mediante una resolución firmada el pasado 25 de marzo por la ANLA, perforará un pozo de 200 pies (60,96 metros) que contará con una trayectoria de hasta 4.000 pies, es decir 1.219 kilómetros.

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