Organización indígena se refirió a presunto caso de “falsos positivos” en el Putumayo: “Ejército lanzó explosivos para dificultar la identificación de los cuerpos”

Después de la denuncia realizada por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), en donde señalaba al Ejército de asesinar a varios miembros de la comunidad indígena Kichwa. Inicialmente, el ministro de Defensa Diego Molano señaló que la operación realizada en zona rural de Puerto Leguizamo, Putumayo, la Fuerza Pública había abatido a nueve sujetos que señaló como criminales, sin embargo, el comunicado de la OPIAC revelaría todo lo contrario.

Esta organización indígena dio detalles de los hechos después de realizar una recolección de datos y testimonios, en su alocución, el representante de la OPIAC, sostuvo: “Denunciamos que el día lunes 28 de marzo, el señor ministro de Defensa, Diego Molano a las 4:35 p.m., informó que la Fuerza Pública había neutralizado a 9 personas y capturado a 4 más, en la vereda El Remanso de Puerto Leguizamo, Putumayo. Según la información dada por el funcionario, se había tratado de enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y presuntas disidencias de las FARC, sin embargo, la información dada por el funcionario no concuerda con la realidad, y se contradice con información del testimonio de sobrevivientes y familiares, así como la de los medios de comunicación alternativos”.

Distintos testimonios conocidos por la OPIAC, señalan que uno de los familiares de las víctimas, explicó: “el Ejército llegó a la vereda donde se encontraban unos habitantes de la zona, estas personas estaban realizando un bazar en una caseta comunal adyacente a una cancha de fútbol, dicha actividad era para recolectar fondos para atender las necesidades de la misma vereda. En ese espacio se encontraba el señor didier Hernández rojas presidente de la junta de acción comunal de la vereda y su mujer Ana María Sarria”. Habitantes de la comunidad indígena, señalaron que el Ejército abrió fuego contra los asistentes de la actividad comunal, asesinando a nueve personas, tras la organización del bazar había una suma aproximadamente de once millones de pesos, dinero que también desapareció.

En el comunicado, las autoridades indígenas señalaron que la comunidad presente en el lugar, señaló que el Ejército después de abrir fuego en contra de ellos, lanzó artefactos explosivos, según la denuncia, con dicha acción buscaban dificultar el proceso de identificación de los cuerpos, ante el eventual impacto de los objetos detonados. Además de esto, varias de las víctimas fueron lanzadas al río y al día de hoy aún no aparecen, posteriormente, los cuerpos habrían sido retirados por el Ejército Nacional, sin la presencia de los cuerpos forenses que normalmente realizan el proceso. En su alocución, el representante de la OPIAC señaló que estos hechos vulneraron la debida diligencia que procede, luego de un hecho violento.

La OPIAC, solicitó que se realice el estudio a cada uno de los cadáveres, para determinar si había rastros de alcohol en estos, pues de ser así, se confirmaría que las víctimas se encontraban departiendo en el bazar y no habrían participado en el conflicto señalado oficialmente por el ministerio de defensa, no obstante, denuncian que hasta el momento no tienen conocimiento sobre el paradero de los cuerpos, ni de la información correspondiente a las victimas desaparecidas.

Esta organización indicó, que de manera conjunta entre todos los pueblos indígenas de Colombia, tienen un chat de emergencia con el cual comunican este tipo de actos violentos, con el fin de emitir la alerta pertinente; en dicho grupo están distintas entidades del Estado, líderes sociales, Ejército Nacional y el mismo ministerio de Defensa, sin embargo, a pesar del llamado atención, no hay un pronunciamiento oficial referente a esta delicada denuncia, incluso habiendo conocido de primera mano la información suministrada, por este pueblo de la Amazonía colombiana.

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