JEP realiza audiencia de seguimiento por desaparición forzada en Caldas

La diligencia pública, ordenada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, se llevó a cabo en La Dorada este 29 de marzo. Las víctimas piden medidas de garantías para la restauración de sus derechos

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 El Plan Regional de
El Plan Regional de Búsqueda del Magdalena Caldense, aborda un número inicial de 1.091 personas desaparecidas en los municipios de Samaná, Norcasia, Victoria y La Dorada, en el periodo de 1965 a 2014.. EFE/ Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Con el fin de garantizar el derecho a la reparación integral de los familiares de las víctimas de desaparición forzada en el departamento de Caldas, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), realizó una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares por este crimen.

La diligencia pública se llevó acabo en el corregimiento de La Dorada y el objetivo era identificar las situaciones de riesgo sobre puntos de interés forense que no hayan sido objeto de intervención por parte del Sistema Integral para la Paz y también, dignificar la memoria de quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos.

La jurisdicción de paz, en septiembre de 2021, había extendido las medidas de protección en seis cementerios caldenses. Entre ellos, se encontraban el San Agustín y San Diego, ubicados en Samaná. En esos campos santos fueron recuperados los cuerpos de Francisco Javier Buitrago Quiceno, Pedro Pablo Molano Quiceno y Salomón Galvis, los tres víctimas de este crimen hace mas de 15 años durante el conflicto armado en Colombia.

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En ese mismo municipio, la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la JEP, harán las entregas dignas de los cuerpos que fueron identificados gracias a las medidas cautelares de la JEP. En la audiencia de seguimiento con carácter restaurativo participaron los representantes de organizaciones sociales, de víctimas y familiares buscadores del Magdalena Caldense, personeros municipales y funcionarios de entidades estatales.

En su intervención el personero de Samaná, Cesar Augusto Salazar Buitrago, comparó la cifras de la Unidad de Víctimas y con las que se manejan en las secretarias municipales. Según el funcionario la entidad nacional, tiene un registro de 171 víctimas directas de desaparición forzada en ese municipio y 615 indirectas. Mientras, que en su despacho sus cifras son de: 10 personas víctimas directas y 40 indirectas. “Seguimos trabajando para que podamos bajar la brechas en los datos que tenemos”, afirmó.

Por su parte, la magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, expresó que se están dando los primeros pasos para la reparación de las víctimas de estos casos en el marco del conflicto armado. Por esa razón, destacó la importancia de implementar y garantizar la efectividad de los programas restaurativos. “Para encontrar la verdad, nos falta una pieza y esa son las víctimas”.

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En su intervención, la magistrada además, destacó que a pesar de estar en el proceso de paz con las antiguas guerrillas de las Farc, este hecho victimizante se sigue presentado en todo el país, a raíz de los diferentes conflictos armados que involucran a varios grupos ilegales.

La Unidad de Búsqueda ha construido un universo inicial de 99.235 personas que fueron dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado. El Plan Regional de Búsqueda del Magdalena Caldense, aborda un número inicial de 1.091 personas desaparecidas en los municipios de Samaná, Norcasia, Victoria y La Dorada, en el periodo de 1965 a 2014.

Para la JEP, la interlocución con las víctimas y las organizaciones que los representan como Movice, Fundecos, Cedat y Equitas ha sido fundamental para que las autoridades en su conjunto cumplan con sus obligaciones. De ahí que a la audiencia fueran convocadas la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Unidad de Víctimas, Medicina Legal, la Fiscalía, y las alcaldías y las personerías de Victoria, Samaná, La Dorada y Norcasia.

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