La seguridad es un tema que se ha vuelto prioridad en la ciudad de Bogotá, diferentes hechos como robos, asesinatos y atentados han hecho que las autoridades se encuentren en constante alerta. El fin de semana se produjo un atentado en el CAI de Ciudad Bolívar, que dejo como resultado más de 30 personas heridas y dos menores de edad muertos. Posterior a la noticia, las disidencias de las Farc anunciaron que son las responsables del hecho criminal.
El hecho fue repudiado por la ciudadanía y las autoridades tanto nacionales como locales, por lo que la alcaldesa Claudia López hizo un llamado al presidente de la República, Iván Duque, para que se reunieran y tomaran las medidas necesarias para hacerle frente a grupos armados y ha hechos de violencia que se han apoderado de la seguridad y la tranquilidad de los capitalinos.
El encuentro de los mandatarios tuvo lugar el pasado 29 de marzo, ahí también estuvo el ministro de Defensa, Diego Molano; el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García; el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, y la cúpula militar. En el espacio concluyeron que se adaptarían siete medidas contra la amenaza que representan los grupos armados para la seguridad nacional.
La primera esta relacionada con la captura de alias Jhon Mechas, líder del frente 33 de las Farc, quién estaría involucrado no solo en la explosión de Cuidad Bolívar sino otras alrededor de país, por lo que se decidió desplegar 120 agentes de inteligencia que se dedicarán a rastrear y dar con el paradero del criminal.
En esta misma línea se tomó la decisión de que se desplegaran 1.500 hombre de la policía para reformar la seguridad en la capital colombiana: “Con esta nueva asignación, Bogotá completará 4.000 policías adicionales. El aumento en pie de fuerza más grande que haya hecho cualquier gobierno para la ciudad”, comentó el presidente de la República.
Por otro lado, se acelerará el plan para dar con el paradero de 36 bandas criminales que están siendo apoyadas por estructuras criminales grandes como las disidencias, el Eln y las estructuras paramilitares del país para ejecutar diferentes actos de violencia alrededor de Bogotá.
Además, se logró llegar al acuerdo de que a las salidas y entradas de la ciudad se tendrán escudos de seguridad liderados por la Policía y el Ejército, con el fin de que todas las personas que entran y salgan sean requisadas y se pueda prevenir la entrada de armamentos u otros elementos que representen un peligro para la ciudadanía.
El control no solo será a nivel físico, sino que a nivel financiero los sistemas bancarios de la capital serán monitoreados; la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) deberá realizar el rastreo de movimientos inusuales de dinero entre Bogotá y otros lugares del país y reportarlo ante el nuevo Comité Conjunto de Lucha contra Amenazas Terroristas (CCAT).
La ultima medida es que todo los presos relacionados con el frente 33 de las disidencias que se encuentren en algún reclusorio de la capital, serán trasladados de forma inmediata a otras zonas del país.
Es importante recordar que las alarmas por parte de la Defensoría del Pueblo relacionadas con la posibilidad de este tipo de atentados se comenzaron ha dar hace unos ocho mes atrás, pero las autoridades no habrían tomado las medidas necesarias y las que fueron anunciadas han sido implementadas en otros momentos, por lo que no serían nuevas sino que sería una reactivación de actividades de seguridad para evitar que vuelvo a ocurrir un hecho como el del CAI de Ciudad Bolívar.
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