Defensoría confirma muerte de civiles en operación militar en Putumayo

Desde que el pasado lunes 28 de marzo, el ministro de Defensa Diego Molano, anunciara un supuesto golpe contra las disidencias de las Farc en Putumayo, por parte del Ejército Nacional, organizaciones sociales, no gubernamentales y testigos presentes en el lugar del ataque militar, denunciaron el hecho como un falso positivo por parte del Gobierno nacional.

“Gracias a operaciones ofensivas de la Fuerza Pública, que continúan en desarrollo, contra disidencias de las Farc, neutralizamos a 9 criminales y capturamos a 4 más en Puerto Leguizamo, Putumayo”, anunció el ministro Molano sobre la avanzada militar.

Pero en la tarde del miércoles 30 de marzo, través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo, confirmó las denuncias realizadas por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), sobre la muerte de civiles en manos del Ejército Nacional en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo).

La entidad del Ministerio Público, señaló que entre las víctimas se encontrarían, el presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández Rojas, su esposa, un adolescente de 16 años y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche. Esta misma información fue confirmada por investigadores de la organización no gubernamental, Human Rights Watch.

La entidad del Ministerio Público, señaló que la población civil debe quedar al margen de cualquier tipo de acción en el marco del conflicto y que su derecho a la vida debe ser siempre protegido. Además, le solicitó a las autoridades judiciales esclarecer rápidamente los hechos.

Tan solo horas antes del comunicado de la Defensoría, donde se confirmaría este nuevo caso de falso positivo, el general Juan Carlos Correa Consuegra, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional le aseguró a El Tiempo, “que quede claro, aquí no hubo una masacre. Aquí se desarrolló una operación militar legítima contra las disidencias, con base en los preceptos de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.

En su misma comunicación, la Defensoría, anunció que realizará un acompañamiento a los familiares de las víctimas y les ofreció toda su capacidad institucional, tanto humanitaria como jurídica, para seguirles brindando el acompañamiento necesario con el fin de que se esclarezcan las circunstancias de las muertes y que los responsables sean judicializados. “De manera particular, se brindará el servicio de representación judicial a través de un defensor público de víctimas en todos los procesos que se deriven de los hechos”, finaliza.

Incluso, los familiares de las víctimas han denominado esto como una masacre de las autoridades y pidieron justicia ante los que catalogaron como un asesinato, recoge RCN Radio. “En ningún momento se registraron combates en ese sector y que las muertes se produjeron en medio de lo que sería, una incursión, que habrían hecho militares, al lugar en dónde se llevaba a cabo el bazar”, aseguran personas de la zona.

Desde el día del anunció oficial, el Ejército de Colombia ha sostenido que “la operación militar desarrollada fue legal, legítima y cumplía con todos los protocolos y lineamientos estipulados en la doctrina militar para el desarrollo de acciones ofensivas contra estructuras criminales, salvaguardando los derechos humanos y acatando las disposiciones del derecho internacional humanitario”.

El señalado como responsable de esta ataque a inocentes ha sido el ministro Diego Molano, el cual compartió el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter, en la mañana de este miércoles 30 de marzo:

“A los “inocentes civiles se les incautó: arsenal de guerra; granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros. Un llamado a los candidatos: no todo es para hacer política. Las operaciones militares cumplen todos los protocolos exigidos”.

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