Comunidades indígenas denuncian amenazas y estigmatizaciones de las Águilas Negras

Las amenazas contra los pueblos indígenas en Colombia no paran, así lo denunció la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), a través de un comunicado con fecha de 27 de marzo de 2022. En este anunciaron la grave situación ocasionada por los panfletos que circulan desde febrero y marzo, por parte de las Águilas Negras, en el cual los señalan como objetivo militar junto a varias organizaciones de DDHH y sindicales.

La autoridad indígena sostiene que estas amenazas y estigmatizaciones, se deben a una estrategia hostil para desestabilizar la dinámica política organizativa, la identidad y el gobierno propio de estas comunidades ancestrales. Para dejar atrás la violencia en sus territorios, solicitan “la salida inmediata de los actores armados ilegales y actores armados del Estado, ejecutores ellos de crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional y de violaciones a los Derechos Humanos protegidos por el Sistema Interamericano”.

Según Indepaz en lo que va corrido del año, se han registrado 11 asesinatos de líderes indígenas en Colombia. De estos crímenes, cinco se ha perpetrado en el departamento del Cauca, el último de fecha de 15 de marzo, cuya víctima fatal fue Miller Correa.

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En su carta expresan que esta larga cadena de amenazas y de hechos sistemáticos de violencia, es el reflejo de una grave crisis y de irrespeto hacia su Estado Social como comunidades indígenas. Según la ACIN, los grupos ilegales, “son responsables de asesinatos, genocidios, secuestros, entre otros crímenes. Se sienten con la fuerza suficiente para continuar con el poder amañado en las estructuras del Estado”.

Es importante resaltar que el auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, donde se determina la protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas, se establece que el mayor riesgos para esta comunidad, es el exterminio ya sea desde el punto de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus miembros, como desde el físico, debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes.

Ante la actual situación de riesgo en la que tienen que vivir las 32 comunidades indígenas del país, la ACIN se declaró en Asamblea Permanente: “Hacemos un llamado al Gobierno nacional, a los Organismos Nacionales e Internacionales defensores y garantes de los DD. HH, para que de manera urgente y prioritaria hagan seguimiento a las acciones violentas que afectan a nuestras comunidades y territorios, que se eviten las acciones sistemáticas, generalizadas y extendidas de exterminio físico, cultural y espiritual y se tomen medidas para garantizar la pervivencia de los Pueblos Indígenas en el país”, señalaron.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 001 - 22, para la ciudad de Cali, en el documento oficial, la entidad destacó el riesgo en el que se encuentran las autoridades tradicionales de los diez cabildos indígenas y cinco comunidades indígenas asentadas en la capital del Valle del Cauca, que suman alrededor de 10.682 personas.

La Corte Constitucional en su auto, declaró que el Estado colombiano está en la obligación doble de prevenir las causas del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, y atender a la población indígena desplazada con el enfoque diferencial que para ello se requiere. Para ello, le ordenó a los funcionarios de las instituciones estatales, diseñen e implementen, “dentro de sus respectivas órbitas de competencia, un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados.”

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