Pueblos indígenas piden al Ejército que cesen los “falsos positivos” en Puerto Leguízamo, Putumayo

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) señaló al Ejército nacional de asesinar a civiles en la modalidad de “falsos positivos”. Las declaraciones se dieron después de que el Ministerio de Defensa confirmara la neutralización de 11 supuestos integrantes de las disidencias de las Farc y la captura de otros cuatro en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo.

Los hechos se presentaron el pasado 28 de marzo y fueron confirmados por el ministro de Defensa, Diego Molano. “Gracias a operaciones ofensivas de la fuerza pública, que continúan en desarrollo, contra disidencias de las Farc, neutralizamos a 9 criminales — cifra que después ascendió a 11 — y capturamos a 4 más en Puerto Leguízamo, Putumayo”, escribió el funcionario a través de Twitter.

El Ejército nacional, por su parte, aseguró que de los cuatro supuestos miembros que fueron capturados había una mujer en estado de embarazo que fue traslada a un centro asistencial de salud. Mientras que la Fiscalía General de la Nación está adelantando los procedimientos judiciales de los cuatro capturados.

Si bien esa fue la comunicación oficial de las autoridades, la OPIAC considera que la información suministrada “no concuerda con la realidad”.

En el documento presentado por la organización citan al medio de comunicación Andrés Prensa, en el que entrevistaron a familiares de los fallecidos: “Indican que el Ejército llegó a la vereda donde se encontraban unos habitantes de la zona realizando un bazar en una caseta comunal, adyacente a una cancha de fútbol de uso de los vecinos. Que dicha actividad era para recolectar fondos para atender necesidades de la misma vereda”, se lee en la denuncia.

Asimismo, indicaron que dentro de las personas asesinadas se encuentra la autoridad indígena y gobernador del Pueblo Kitcwhwa, Pablo Panduro Coquinche. “Como se observa, dentro de las víctimas del proceder ilícito de la fuerza pública, se cuentan además de padres de familia un Gobernador Indígena en ejercicio”, agregaron.

Por esa razón, desde la Coordinación de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) hicieron un pliego de solicitudes a diferentes entidades naciones e internacionales.

Al Ejército nacional le pidió el cese inmediato del “homicidio a través de la modalidad de falsos positivos de la población civil del municipio”, especialmente aquellos que se dan en contra de la población indígena y sus autoridades. Mientras que, al Ministerio de Defensa le solicitó que se retracte de las declaraciones brindadas el pasado lunes y que “aclare que las personas asesinadas no eran guerrilleros sino población civil”.

Respecto a las afirmaciones de Molano, los pueblos indígenas hicieron un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que inicie una investigación disciplinaria a todos los funcionarios que participaron en los hechos, incluyendo al ministro de Defensa.

Por otro lado, la OPIAC le pidió a la Fiscalía General de la Nación que indague “las condiciones reales en las que ocurrió la masacre perpetrada por el Ejército nacional”. A su vez, le hizo un llamado al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para que, en su función de Policía Judicial, “garantice una investigación objetiva y garante del derecho — escribió la organización —. Que se proteja la cadena de custodia y no se permita la alteración de la escena por parte de la fuerza pública”.

Por último, solicitó la ayuda de las Agencias Internacionales y organizaciones defensoras de Derechos Humanos para incluir los hechos retados en la denuncia a los informes de la situación que vive Colombia en DD. HH. También pidieron “emitir solicitudes a las instituciones de Estado para que se investiguen los hechos” y así hallar a los responsables.

Cabe recordar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuenta más de 6402 casos de falsos positivos que sucedieron durante el conflicto hasta el año 2016.

SEGUIR LEYENDO: