La Procuraduría General de la Nación informó este lunes 28 de marzo que pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “ampliar de manera excepcional el plazo establecido para que las organizaciones interesadas presenten los informes de víctimas ante esa magistratura”.
Cabe mencionar que dicho plazo se venció el pasado 21 de marzo y el pedido fue hecho, según el Ministerio Público, teniendo como “propósito de que se garantice su efectiva participación ante la jurisdicción, así como el principio de igualdad”.
Lo anterior, manifestó la Procuraduría se planteó, de igual forma, “teniendo en cuenta que las organizaciones han expresado dificultades para cumplir con el término fijado, especialmente en los territorios donde persiste el conflicto”.
“En comunicación dirigida a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la JEP, el Ministerio Público señaló que en las diligencias de observaciones organizadas durante la segunda ronda de priorización de macrocasos, “las víctimas fueron reiterativas en indicar que existen circunstancias excepcionales que les han impedido presentar sus informes”, manifestó la entidad a través de un comunicado dirigido a la Opinión Pública.
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Del mismo modo, aseguró que se registraron causas como:
-Falta de garantías de seguridad para quienes participan en la elaboración de los informes.
-Dificultades para recolectar y procesar la información como consecuencia de las condiciones de orden público en sus regiones.
“El Ministerio Público asume como propia y respalda la solicitud de ampliación del plazo para la presentación de informes por parte de las organizaciones de víctimas, étnicas y de derechos humanos. Negar esta solicitud implica la transgresión del principio de centralidad de las víctimas, en tanto que se desconocen las barreras existentes para su participación efectiva”, precisó la Procuraduría en la comunicación dirigida a la JEP, firmada por los cuatro delegados con funciones de intervención ante la entidad.
El órgano también señaló que esos informes son insumos fundamentales para lograr que en los macrocasos se identifiquen las conductas más graves y representativas cometidas durante el conflicto armado. Por eso, manifestó que se busca que “se cumpla con las obligaciones internacionales y con las víctimas y la sociedad colombiana de investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes para su no repetición”.
Cabe decir que en su comunicación, la Procuraduría reconoció el esfuerzo de la JEP para sistematizar los informes presentados, así como el hecho de haber concedido una primera prórroga para la presentación de los informes, que en principio vencía el 12 de julio de 2021 y se extendió hasta el 21 de marzo de 2022.
Aún así, puntualizó:
“El límite temporal impuesto no se compadece con la realidad y desconoce que existen factores que han impedido la satisfacción de estos derechos”.
Procuraduría pidió que nuevos macrocasos abiertos por la JEP se aborden de manera amplia, no excluyente
En otro de los recientes pronunciamientos del Ministerio Público, señaló que hizo una solicitud para que los nuevos macrocasos abiertos por la JEP fueran tratados “de manera amplia y no excluyente, en especial en aquellos territorios donde no hay condiciones de seguridad para las víctimas”.
“Buena parte de los territorios donde hay víctimas distantes no han tenido la suficiente oportunidad de reconocer este proyecto, situación que es un claro indicador de que no ha llegado a esos territorios la garantía de no repetición contemplada en el Acuerdo de Paz”, señaló el procurador delegado con Funciones de Coordinación ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal.
Del mismo modo, durante la intervención que hizo en una de las últimas audiencias de observaciones de víctimas organizadas por la JEP en diferentes departamentos del país, Acosta Aristizábal precisó que “no puede haber un desconocimiento o exclusión de las condiciones de las víctimas del conflicto armado, en la medida en que cualquier mora o dilación puede suponer una revictimización y una acción con daño”.
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