Human Right Watch denuncia alianzas entre fuerzas armadas de Venezuela y el Eln

La organización Human Rights Watch, HRW, señaló en su último informe que las fuerzas armadas de Venezuela son cómplices directas del Eln en sus operaciones en la frontera que comparte con Colombia, donde busca derrotar a otros grupos armados para quedarse con el dominio de esos territorios y las rutas de narcotráfico. Las conclusiones del documento, salieron de una investigación realizada a través de testimonios de personas desplazadas por la violencia en el departamento de Arauca y en el estado venezolano de Apure.

En el documento señalan que el conflicto armado entre disidentes de las Farc y Eln se comenzó agudizar desde el 1 de enero y ha generado múltiples violaciones a los derechos humanos como: desaparición forzada, asesinatos, desplazamientos entre otros crímenes.

“Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, que han estado implicadas en violaciones de derechos humanos que han dado lugar a investigaciones internacionales sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, han realizado operaciones conjuntas con miembros del Eln y han sido cómplices de sus abusos”, se lee en el documento de la ONG, que además pide que se tomen las medidas necesarias pues las comunidades son las que están siendo afectadas por la violencia que se ha venido exacerbado en los últimos años.

Lo anterior como lo mencionó el ministro Diego Molano a El Tiempo, ratifica la hipótesis que tiene el Gobierno colombiano desde hace algún tiempo: “El informe de Human Rights Watch ratifica lo que el Gobierno Nacional ha afirmado: en Venezuela, en el estado de Apure, hay una connivencia entre las fuerzas militares bolivarianas y el Eln, asociado con la Segunda Marquetalia, para confrontar a las disidencias de las Farc por sistemas de rutas criminales”, anotó el funcionario del Gobierno de Iván Duque.

Sin embargo, pese a que las afirmaciones de HRW y el Gobierno colombiano sobre las alianzas en la frontera coinciden, el informe de la ONG también lanzó una critica a las medidas tomadas por Colombia en los últimos años, pues pese a que han disminuido los grupos armados las medidas para atender a las poblaciones víctimas han sido ineficientes.

“Las autoridades colombianas deben evaluar urgentemente las necesidades humanitarias de quienes huyeron de Apure, y crear e implementar un plan de respuesta humanitaria para asistirlos. En Vichada deberían considerar decretar ‘estado de calamidad pública’, que con arreglo a la legislación colombiana permitiría la asignación de mayores recursos por parte del Gobierno para dar asistencia”, dice HRW.

Frente a esto, Molano reconoció que aún existen dificultades debido a que el conflicto ha traído complejidades que han se han tenido que atender de forma inmediata, pero resaltó el trabajo hecho por las fuerzas armadas colombianas.

“Es claro que aún existen amenazas, que se originan del otro lado de Venezuela, pero que nuestra Fuerza Pública ha venido, con ese plan de neutralización, operando y contribuyendo a buscar unas mejores condiciones de seguridad en Arauca”, señaló el ministro al diario colombiano.

Finalmente, el informe de HRW estima que desde principio de 2022, los combates entre las disidencias de las Farc y el Eln han desplazado en Arauca 3.860 personas y han cruzado la frontera hacia Colombia 3.300 venezolanos. Además, se reportaron 103 asesinatos entre enero y febrero producto de la violencia entre los grupos armados.

Por su parte el gobierno venezolano siempre ha dejado claro su distancia con la organización a la que en múltiples ocasiones ha acusado de fabricar pruebas falsas.

SEGUIR LEYENDO