Defensoría pide medidas urgentes para enfrentar la emergencia educativa en Norte de Santander

Este miércoles 29 de marzo la Defensoría del Pueblo alertó sobre la emergencia educativa que se registra en el departamento fronterizo de Norte de Santander en el que más de 12.700 menores no han iniciado su periodo escolar debido a la falta de nombramientos en la planta docente y administrativa de las instituciones educativas.

Según la entidad esta grave situación es producto del desbordamiento de la capacidad institucional, la crisis migratoria y el aumento de hechos victimizantes , en especial en la convulsionada región del Catatumbo, en Cúcuta y el área metropolitana, algunas de las localidades más afectadas por el conflicto armado en el país.

“Esta situación vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debido a las barreras de acceso, permanencia y calidad en el sistema educativo. La educación es fundamental para el desarrollo y disfrute pleno de los derechos de los menores y el Estado debe hacer todo lo posible para que las instituciones educativas sean seguras y presten sus servicios de manera continua”, advirtió la Defensoría.

Asimismo, indicaron que una de las principales causas de esta emergencia es la falta de nombramientos, la cual ha sido denunciada por las instituciones educativas en el departamento y la Secretaría de Educación Departamental en medio de la Mesa de Educación en Emergencia, lo que representa un riesgo para el aumento de deserción escolar, en especial de los niños, niñas y adolescentes que no han iniciado su año escolara pesar de que se van a completar tres meses de haber iniciado el año.

De igual manera, advirtió que esta emergencia se agudiza en la población refugiada y migrante, producto de la situación irregular de 35.368 menores venezolanos en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) departamental y municipal en Cúcuta, que se suma a la precaria e insuficiente infraestructura educativa, la falta de adecuaciones para la prevención del covid-19, las instituciones con grados inhabilitados y el bajo esquema de vacunación de los alumnos.

“La Defensoría del Pueblo exhorta a las entidades del orden nacional, Ministerio de Educación, ICBF, Migración Colombia y Ministerio de Salud, para que apoyen de manera efectiva a las Secretarías de Educación Departamental y Municipal para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en zonas rurales y urbanas, teniendo en cuenta que la escuela es un entorno protector que previene el flagelo del reclutamiento forzado, uso y utilización, trabajo infantil”, indicó la entidad.

A su vez, advierte sobre los retrasos en el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el servicio de transporte escolar que afecta a más de 78.000 niños, niñas y adolescentes especialmente en la capital, al tiempo que se alerta sobre la inexistencia de un transporte escolar adecuado, que se ha visto evidenciado en localidades rurales en las que menores se tienen que colgar de camionetas para llegar a sus colegios.

Por último, hizo un llamado a las instituciones departamentales y municipales para que se adopten medidas efectivas que permitan superar esta crisis que se registra frente a la problemática educativa, con el propósito que prioricen los recursos que garanticen el acceso, permanencia y calidad educativa de los menores en el Norte de Santander.

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