3.075 maestras de jardines en Bogotá fueron contratadas de forma ilegal según denuncia del Concejo

Durante un debate de control político por irregularidades en la contratación de maestros en jardines infantiles distritales, se realizaron denuncias contra las secretarías de Educación y de Integración Social por la precarización laboral, vulneración de derechos laborales, modificación de la extensión de los contratos y presiones políticas a los maestros de jardines infantiles.

De acuerdo con información que el concejal del Nuevo Liberalismo, Juan Baena, recolectó a la fecha hay 3.075 maestros que se encuentran vinculados por prestación de servicios cuando deberían estar contratados de planta.

“En la ciudad hay 3.000 maestras que están contratadas de manera ilegal, mujeres, en su mayoría, que dejan a sus hijos en casa para ir a cumplir largas jornadas con sobrecarga de niños y hasta 12 horas de trabajo con un contrato por prestación de servicios”, denunció el concejal Baena.

Vale recordar que según la Ley General de la Educación de 1994, esta forma de vinculación es ilegal debido a que la educación preescolar (prejardín, jardín y transición) hace parte del servicio de educación formal.

“La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo solo podrá efectuarse mediante la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial”, según señala la ley.

Durante el debate en el Concejo de Bogotá, también se reveló que, aproximadamente el 80 % del personal contratado, para atender a los más de 42 mil niños en jardines infantiles distritales, no tiene garantías laborales.

Además, según señalan maestras denunciantes, en algunos jardines la totalidad del personal contratado trabajaba por prestación de servicios, que, como también se denunció, el Distrito suspendía o modificaba la duración con el objetivo de dar la apariencia de que se trataban vinculaciones ocasionales o extraordinarias.

Respecto a esto último, el cabildante expusó que la Integración Social realizó un cambio en el objeto contractual, que en 2018 los profesionales eran vinculados por el concepto de ‘servicios de maestra profesional para la educación inicial’, mientras que desde 2020 los contratos hacen referencia a ‘servicios para la atención integral de la primera infancia’.

“Observamos que no solo se modificaron los objetos de los contratos, sino también la duración, donde se usan diferentes temporalidades y se suspenden en épocas vacacionales, con el fin de interrumpir la continuidad de labores y dar la apariencia de contrato de prestación de servicios”, aseguró Baena.

Finalmente también se mencionaron presiones por parte de funcionarios para que los maestros asistieran a reuniones políticas.

Según un testimonio de una de las maestras, que participó en la denuncia de forma anónima, “en mis ocho años que le entregué a la Secretaría de Integración Social, que fue una mala experiencia, nunca nos reconocieron esa labor como docentes profesionales. Siempre para ellos fuimos las nanas, las cuidadoras, las sirvientas, las toderas porque hasta el aseo y la portería realizábamos”.

Por estas irregularidades la Secretaría de Integración Social enfrenta 167 procesos judiciales y nueve condenas en las que se busca la declaratoria del contrato realidad, que podrían costarle a la ciudad $250 mil millones, ya que, en promedio, las demandas pretenden $50 millones.

Por su parte, el concejal del Polo Democrático Carlos Carrillo enfatizó que este es un trato infame para los maestros de este nivel educativo, “todo se queda en el discurso, la precarización laboral posee un intrínseco maltrato”, dijo. Además, resaltó la labor que cumplen los maestros en la educación y la sociedad y explicó que si se continúa con esta figura, no se podrá cumplir con la meta trazada en el Plan de Desarrollo.

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