Defensoría del Pueblo propone reforma al sistema penitenciario y carcelario del país

Este lunes, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, propuso reformar de manera integral el sistema penitenciario y carcelario. Para el organismo autónomo el problema de hacinamiento en las estaciones de Policía representa un riesgo para los derechos de las personas privadas de la libertad.

Camargo expuso la propuesta en el foro ‘La crisis de hacinamiento carcelario: avances y retos para superación’, en el que asistieron autoridades del Ministerio de Justicia, la Policía nacional, el Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

“La crisis carcelaria, sumada a los hechos acontecidos en días pasados, pone de relieve la necesidad de adelantar una reforma legislativa que reoriente el sistema carcelario y penitenciario”, explicó el defensor del Pueblo. Según Camargo, es importante devolverle a la sociedad la confianza en sus instituciones, “y que permita el cumplimiento de las finalidades de custodia y protección de los derechos humanos”, agrego.

Por ese motivo, el funcionario argumentó que se requiere una nueva política criminal que enfoque en la prevención de los delitos, que facilite la rehabilitación y que permita romper con el ciclo delictivo de reincidencia en prisión. “Necesitamos una política criminal seria y coherente, que realmente sea útil en la tarea de brindar condiciones de seguridad a la ciudadanía, pero sin descuidar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”, puntualizó Camargo.

La situación de hacinamiento actual

Teniendo en cuenta esto, la Defensoría del Pueblo anunció que en los próximos días dará a conocer un informe sobre las condiciones de derechos humanos y hacinamiento en los centros de detención transitoria de todo el país.

Por el momento, se conocen las cifras actuales que señalan que el nivel de hacinamiento en los centros de reclusión del Inpec asciende al 20,6 %; “lo que representa una sobrepoblación de 16.621 personas privadas de la libertad, para la capacidad de cupos que asciende a 80.647″, indicó el organismo autónomo en un comunicado de prensa.

La Defensoría aclaró que si bien el porcentaje se ha reducido en los centros de reclusión en comparación con los años previos a la pandemia del covid-19, esto tiene una razón de fondo: “la crisis humanitaria se ha trasladado a los centros de detención transitoria”, como las URI de las Fiscalías y las estaciones de Policía. “Se evidencia una sobrepoblación de aproximadamente 17.647 personas frente a la capacidad máxima instalada, que representa una cifra de hacinamiento de 217,4 %”, se lee en el documento.

Entre las situaciones que destacó el organismo que afectan los derechos humanos de los reclusos están: el acceso inefectivo a los servicios básicos como la prestación del servicio de salud y a procesos de rehabilitación y reinserción social, la falta de calidad de la alimentación que reciben y la inexistencia de espacios habitables adecuados que garanticen condiciones de salubridad.

Si bien se han realizado esfuerzos estatales para manejar la crisis, Camargo asegura que no han sido suficientes. “Observamos con preocupación que la política criminal del Estado colombiano se ha caracterizado por la creación de nuevos delitos dentro del Código Penal y en un incremento generalizado de las sanciones existentes — manifestó el defensor —. Es por esta razón que urge una reforma al sistema penitenciario y carcelario (...) con los más altos estándares de calidad, para evitar cualquier riesgo de fuga”.

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