Lo que el ministro de Defensa, Diego Molano, calificó de importante golpe al microtráfico en Pereira (Risaralda) tras asistir a la demolición de una vivienda en la que las autoridades señalaban que era un expendio de microtráfico en el barrio La Libertad, el pasado viernes 18 de marzo, se trataría de un falso positivo judicial que terminó afectando a una abuela de 93 años de edad.
En el informativo de televisión Noticias Uno señalaron que los familiares de la adulta mayor denunciaron que la Policía, previo al evento de seguridad que presidió Molano, llevaron a cabo un montaje en el que incluso llevaron habitantes de calle para que el lugar pareciera un sitio de expendio de estupefacientes.
“Ella estuvo siempre pendiente de su casa y no quería salirse de allá”, contó en el noticiero Carlos Andrés Sánchez, uno de los nietos propietaria de la vivienda.
En ese medio indicaron también que la adulta mayor aceptó, hace un mes, ser trasladada, por su demencia civil, a un hogar de paso por la Alcaldía de Pereira y la vivienda pasó a ser vigilada por uno de los hijos de la mujer, que también es un adulto mayor.
Mientras que en la emisora RCN Radio, el nieto de la mujer afectada señaló que si bien había una orden de demolición de la casa, este proceso se daba porque la vivienda tenía amenaza de ruina, pero no por estar vinculado al tráfico de estupefacientes.
“Efectivamente el viernes nos dimos cuenta que la casa la estaban demoliendo por ser una olla desde hace 10 años, cuando nosotros tenemos papeles que dicen que la casa nunca estuvo por narcotráfico, sino simplemente por deterioro y por colapsar. Incluso hasta mi abuela vivió hasta hace un mes ahí y se la llevó la misma alcaldía para un hogar de paso en La Florida”, dijo Sánchez en esa emisora.
No obstante, el ministro Molano aseguró que se trataba de una guarida de atracadores, expendedores y consumidores de estupefacientes.
“En un sitio de consumo se generan zonas de miedo. Estoy seguro que en la noche nadie quería pasar por acá. Al adulto mayor le da miedo, los papás que tenían que cruzar por el barrio La Libertad les daba miedo”, aseguró el funcionario, cuando hablaba de este supuesto resultado del Plan 1.000 Contra el Microtráfico.
Pero días previos al evento, según señaló el nieto de la adulta mayor afectada, la Policía acudió a la vivienda, y con su autorización y la de su padre, ingresaron para hacer unas imágenes del interior de la casa. Sin embargo, en un momento en que Sánchez tuvo que irse y quedó solo su progenitor, los uniformados, al parecer, ingresaron a unos habitantes de calle para fingir que era una olla de microtráfico.
“Lo que conocimos fue que el día jueves, yo mismo le abrí la puerta a la Policía, porque uno confía en la Policía, entraron con una cámara, grabaron por dentro de la casa, pero en un momento en que me fui, a mi papá y lo enredaron, entraron unos indigentes y los grabaron consumiendo dentro de la casa”, dijo el nieto en RCN Radio.
En ese medio de comunicación consultaron con el comandante de la Policía de Pereira, el coronel Aníbal Villamizar, quien confirmó que la demolición se debía realizar por daños estructurales de la vivienda, aunque indicó que allí había consumo de estupefacientes y robos.
“Este no es un caso de extinción de dominio, sino de consumo, ya que según las versiones con las que cuenta la Policía, del propietario y de algunos vecinos, el sitio era utilizado para consumo y otras actividades, porque al frente de la misma se presentaban hurtos. La inseguridad es para el exterior de la vivienda”, dijo el oficial.
En Noticias Uno consultaron con el comandante de la Dirección Nacional de Investigación Criminal e interpol (Dijín), el general Fernando Murillo, quien señaló que el mismo acudió a Pereira para atender la denuncia, pero reiteró que la zona estaba referenciada como expendio de estupefacientes.
“(Esperamos que) se establezca si hay alguna situación especial e irregularidad en los procedimientos para que se adelante la investigaciones disciplinarias o penales que hayan del caso”, concluyó el alto oficial.
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