Fiscalía acusa al exalcalde de Sincelejo y otros dos funcionarios por presunto direccionamiento de un contrato

Este domingo la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Jairo Alfredo Fernández Queseep, exalcalde de Sincelejo, Sucre. Al exfuncionario se le acusa del delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

En el comunicado de prensa emitido por la entidad también se menciona la acusación a dos funcionarios que acompañarían a Fernández en el delito: el exsecretario de Salud, Remberto Carlos Gómez Martínez, y la gerente del Hospital San Francisco de Asís de Sincelejo, Salva Rapag Carmichael.

Los hechos por los que son investigados los exfuncionarios públicos están relacionados con la celebración del contrato interadministrativo de prestación de servicios 004 del 19 de marzo de 2015. Allí la administración de Fernández se había comprometido a “ejecutar actividades de seguridad alimentaria y nutricional; atención integral en enfermedades de la infancia; programas de salud sexual y reproductiva; y salud oral”, explicó el ente investigador.

En el contrato se estableció que el monto fijado para estas actividades sería de 420 millones de pesos y el tiempo de ejecución sería de ocho meses. Asimismo, se pactó que se debían suministrar refrigerios a niños entre seis meses y tres años, y mujeres de comunidades vulnerables, indígenas, afrodescendientes y población desplazada. Además de crear un subprograma de madres lactantes, salud sexual, salud oral y mental.

Los hallazgos de la Fiscalía

El material probatorio de la Fiscalía indicó que el entonces alcalde determinó que el contrato se debía entregar directamente al San Francisco de Asís de Sincelejo, sin que mediara un proceso de selección objetiva ni la recepción de otras propuestas comerciales. Con esto, “el centro asistencial fue beneficiado sin entregar una propuesta formal ni la presentación de su portafolio de servicios”, expuso la entidad.

Por otra parte, el ente investigador destacó que el hospital, presuntamente, “no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con lo dispuesto”. Por esta razón se realizaron “cuatro subcontratos para garantizar el abastecimiento de productos médicos y alimentos, el transporte, material de papelería y de publicidad”, explicó la Fiscalía. El monto fijado de 420 millones de pesos ascendió con lo subcontratado a 572 millones de pesos.

El exsecretario de Salud, Remberto Carlos Gómez Martínez, fue quien liquidó el contrato y habría certificado el cumplimiento de todo lo pactado, sin tener los documentos que sustentaran las actividades que supuestamente se ejecutaron.

La investigación fue liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien determinó que estos hallazgos “violaron dolosamente los principios de selección objetiva, planeación, responsabilidad, economía, trasparencia y publicidad — manifestó la Fiscalía en el documento —. Hay evidencia de que se impuso un interés particular sobre las normas vigentes de contratación pública”.

Por su parte, una juez penal del Circuito de Sincelejo aseguró que las audiencias preparatorias de juicio iniciarán en julio.

Cabe recordar que este caso de corrupción es un ejemplo de la preocupación que tienen los ciudadanos frente a cómo se manejan los recursos en el país. Según el reciente índice de percepción de la corrupción realizo por Transparencia Internacional, Colombia no avanzado mucho en este punto debido a que ocupa la posición 87 entre 180 países evaluados, con una calificación de 39 puntos sobre 100.

Mientras que, un estudio de GfK, la consultora global que ofrece conocimiento a partir de datos y perspectivas para la toma de decisiones corporativas inteligentes, señaló que la corrupción es la primera de las 10 preocupaciones más frecuentes de los colombianos. Con el 32,2 % esta problemática encabeza la lista, seguida de la delincuencia con el 31,9 %.

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