Procuraduría pidió que nuevos macrocasos abiertos por la JEP se aborden de manera amplia, no excluyente

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer este jueves 24 de marzo, que los nuevos macrocasos abiertos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deberán ser tratados “de manera amplia y no excluyente, en especial en aquellos territorios donde no hay condiciones de seguridad para las víctimas”.

“Buena parte de los territorios donde hay víctimas distantes no han tenido la suficiente oportunidad de reconocer este proyecto, situación que es un claro indicador de que no ha llegado a esos territorios la garantía de no repetición contemplada en el Acuerdo de Paz”, señaló el procurador delegado con Funciones de Coordinación ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal.

Del mismo modo, durante la intervención que hizo en una de las últimas audiencias de observaciones de víctimas organizadas por la JEP en diferentes departamentos del país, Acosta Aristizábal precisó que “no puede haber un desconocimiento o exclusión de las condiciones de las víctimas del conflicto armado, en la medida en que cualquier mora o dilación puede suponer una revictimización y una acción con daño”.

También sostuvo que es de gran importancia que en todos los macrocasos abordados por esa justicia transicional se asuma una interpretación pro-víctima, en la que no se deje por fuera a ninguna de ellas.

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Pero también agregó que para los tres nuevos macrocasos abiertos y dar continuidad a los siete vigentes se requiere una plataforma vigorosa en la JEP, así como fortalecer la Sala de Reconocimiento porque “tememos que pueda suceder que no tenga la fortaleza, aunque sí las intenciones, para poder avocar los casos que llegan, y también nos preocuparía muchísimo que se dejen de lado o se interrumpa el ejercicio en los casos que avanzan”.

Un informe que fue presentado ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), de la Jurisdicción Especial para la Paz, pide que se garanticen los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación a los pequeños comerciantes y campesinos.

Allí señala que se cometieron asesinatos como retaliación por el no pago de extorsiones o incumplimiento de órdenes de las extintas Farc; privación de la libertad desarrollada bajo la modalidad de secuestro con fines extorsivos, de control social y territorial. Además, sometimiento a tratos indignos mediante amenazas constantes y humillaciones para el pago de extorsiones.

Semana publicó apartados del documento de 40 páginas, donde señalan que a pesar de las investigaciones adelantadas por la JEP sobre los delitos cometidos contra miembros el sector productivo, se debe recalcar que los hechos deben reconocerse como ataques sistematizados, generando efectos adversos como desincentivar a la producción en diversos sectores, afectaciones a la propiedad privada y al derecho al trabajo. También piden identificar a los responsables de dichos crímenes con el fin de reconstruir la verdad.

“Los miembros del mencionado sector deben recibir un tratamiento diferenciado por parte de la JEP, en tanto los mismos fueron sistemática y recurrentemente victimizados por parte de las Farc”, señala el documento. Además, asegura que: “Si bien no se pide una reparación económica, sí se busca claridad en el rol que tuvieron las Farc para afectar a gran parte de estos sectores”.

Es importante indicar que otros de los hechos presentados, apuntan, al desplazamiento forzado; destrucción, apropiación ilícita indebida y arbitraria de bienes para el financiamiento del grupo guerrillero, en ocasiones haciendo uso indiscriminado de artefactos explosivos.

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