Piden declarar emergencia penitenciaria y carcelaria en Cali por hacinamiento

La Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali pidió declarar un estado de emergencia penitenciaria y carcelaria ante los niveles de hacinamiento en las estaciones de Policía y en las Unidades de Reacción Inmediata (URI).

La solicitud la realizó el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Soler Parra, quien indicó los niveles de sobrepoblación en estaciones de Policía están entre el 133 % y el 2.040 %, según una reciente alerta que emitió la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. “Actualmente, 2.026 hombres y 145 mujeres están en situación de hacinamiento en Centros de Detención Transitoria, situación que no garantiza el mínimo de derechos fundamentales para estas personas”, aseveró el secretario.

Soler hizo la petición en una reunión con los representantes de los Ministerios del Interior, Justicia, Defensa, la Fiscalía, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Asocapitales, la Policía Metropolitana y organismos garantes de los derechos humanos. “Nos sentamos a hablar por qué, por temas legales, las 36 horas para estar (detenido) en las estaciones de Policía, se volvieron seis meses y un año”, comentó el funcionario.

Según la Secretaría, el estado de emergencia tiene el objetivo de darle solución de corto plazo a la situación que afecta a las personas privadas de la libertad. “Hemos buscado una ruta para buscar alguna solución — expuso Soler —. La encontramos en la ley 1709 del 2008 (...) que dice que el director de Inpec podrá declarar, con una solicitud previa, una emergencia penitenciaria y carcelaria por grave hacinamiento”.

Soler también propuso realizar unas visitas a los centros penitenciarios para buscar maneras de mitigar la situación. El funcionario explicó que el trabajo se haría de manera articulada entre las secretarías de Salud, Seguridad y Justicia y de Paz, con acompañamiento de la Procuraduría, Defensoría y la Personería.

Reforma del Inpec

Después de que el pasado viernes 18 de marzo alias ‘Matamba’, uno de los exjefes del Clan del Golfo, se escapara de la cárcel La Picota de Bogotá, el presidente Iván Duque anunció que realizaría una reforma al sistema penitenciario y carcelario de Colombia en la parte administrativa. Tras el anuncio, la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) expresó que apoyaba la propuesta del mandatario nacional, siempre y cuando esta respetara los derechos de los trabajadores.

En diálogo con RCN Radio, el presidente de la UTP, Óscar Robayo, indicó que, aunque apoyan la reforma del sistema penitenciario propuesta por el presidente Duque; sin embargo, les preocupa que, en medio de esa transformación, los trabajadores de las cárceles de Colombia vean afectados sus empleos ante iniciativas como privatizar los centros de reclusión del país.

“Si piensan que liquidarnos o pasarnos a la Policía o volvernos una fuerza pública, sería lo mejor, están equivocados”, aseveró Robayo. El presidente la UTP explicó que esa decisión “sería buscar un manto de impunidad, callando a los trabajadores” y expresó que desde el sindicato ven con preocupación la política del Ministerio de Justicia de privatizar las cárceles, “para tapar el hacinamiento carcelario, el cual no se acabó sino que se trasladó a los centros de detención, URI y estaciones de Policía”.

De acuerdo con el líder gremial, de volverse realidad ese panorama, serían cerca de 12 mil funcionarios del cuerpo de vigilancia penitenciaria del país y otros cuatro mil trabajadores administrativos los que se verían afectados por esta reforma.

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