Le embargaron las cuentas al Municipio de Chía por deuda con constructor de un centro comercial

El municipio de Chía, en el departamento de Cundinamarca y que ha crecido por su cercanía con Bogotá, tiene las cuentas bancarias embargadas desde el pasado 11 de marzo por una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a raíz de una deuda de hace más de nueve años que tiene con uno de los constructores del centro comercial Fontanar.

El alcalde municipal Luis Carlos Segura, se pronunció respecto a la decisión para aclarar a los ciudadanos lo que ha venido ocurriendo con el proceso y la más reciente decisión de embargo total que ha puesto en jaque la caja de inversión de ese municipio.

El problema se originó en el año 2000 cuando el Concejo municipal aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial a través del Acuerdo 17, cuando se determinó un nuevo uso de los suelos en varios predios, entre ellos la conocida Hacienda Fontanar donde ahora funciona el centro comercial del mismo nombre.

A la par, en el POT se estableció que ese predio era originador de plusvalía, es decir, que debía realizar tributo a la administración municipal por las ganancias que genere el cambio de uso de del suelo con uno de mayor provecho, que se traducen en la valorización.

Ocho años después, el Concejo expidió el Acuerdo No. 8 de 2008 en el que se estableció que el valor de plusvalía para los predios beneficiados era del 40 %, según el alcalde Segura, motivados por una orden judicial.

En el 2010 el alcalde de la época pasó la cuenta de cobro y expidió el decreto No. 59 de zonas beneficiadas en el que estableció cuánto debía pagar cada uno de los predios a los que les correspondía la plusvalía. Entre 2012 y 2013, los dueños de la Hacienda Fontanar, Ganadería Hacienda El Palmar y Haiku Associated INC, pagaron en total $ 15.960′917.840 al municipio. El primero pagó más de 12 mil millones y el segundo el restante.

Apenas un año después, Haiku Associated demandó nulidad y restablecimiento de derecho porque consideraban que el cobro era irregular y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, y el Consejo de Estado en segunda le dieron la razón en el 2019. Así las cosas el municipio de Chía debía devolver el valor pagado, ajustado por el IPC.

El alcalde Segura que asumió el cargo en 2020, encontró que el municipio entonces y ahora, no contaba con la capacidad presupuestal para realizar el pago que asciende a más de 30 mil millones de pesos. Unos tres meses después, inició la pandemia y el dinero tuvo que priorizarse para el sistema de salud y programas sociales de emergencia.

Segura sostiene que aún así mantuvieron negociaciones para llegar a un acuerdo de pago para lo que han hecho 11 reuniones con los acreedores, pero sin lograr conciliación. El fracaso, según el alcalde, se debe a la alta suma y a las pretensiones económicas de la contraparte.

El alcalde de Chía explicó a la emisora W Radio, que el municipio tiene un presupuesto de 280 mil millones de pesos aproximadamente, de los cuales más de 140 mil corresponden a gastos de funcionamiento y una disposición de 10 mil para acreencias judiciales.

Lo que proponen desde la administración es pagar con ese dinero en cuotas anuales y posteriormente los intereses de mora, pero los acreedores no han aceptado esa posibilidad. Según Segura, cancelar la deuda total significaría sacrificar programas sociales y obras de infraestructura que se adelantan o se necesitan para el municipio.

Con base en el último presupuesto para el 2021 aprobado por el Concejo de Chía, la deuda asciende a la mitad de la inversión en educación anual y a dos veces lo que cuesta el sector salud.

La Alcaldía presentó el pasado 22 de marzo una propuesta de acuerdo de pago para que les den tiempo de estructurar una negociación y que Haiku radique una solicitud de suspensión de la medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que embargó 88 cuentas bancarias del municipio para apropiar los dineros correspondientes a la deuda, según indicó el diario El Espectador.

El fallo fue emitido por la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, reconocida por haber ordenado aplazar el paro nacional de 2021, tumbar el POT de Enrique Peñalosa en Bogotá o autorizar la recategorización de la reserva Van Der Hammen en la capital.

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