Juez ordena medida de aseguramiento contra el gobernador del Chocó por irregularidades en contratos

Un juez del Tribunal de Bogotá dictó captura inmediata y medida de aseguramiento en detención domiciliaria contra el gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón. El funcionario fue señalado por la Fiscalía de prevaricato, omisión y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por su supuesta responsabilidad en las irregularidades de un contrato firmado por 220 millones de pesos para atender el covid - 19 en la región.

El contrato en mención es el N°003, suscrito el 3 de abril de 2020 por la compra de elementos de bioseguridad para prevenir el virus. Según la Fiscalía General de la Nación la anomalías del documento son la ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos, presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista.

Además el gobernador, no habría verificado el cumplimiento de requisitos esenciales entre estos, el de publicar el contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) dentro de los tres días después de la celebración, pues se hizo tres meses después de lo que dice la ley. Los delitos que le fueron imputados a Palacios Calderón son los de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión.

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Otra de las decisiones adoptadas por los magistrados del tribunal en contra del gobernador fue separarlo del cargo en el que se desempeña. Es importante rescatar que en abril de 2020, el entonces procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, lo suspendió por 3 meses al mismo tiempo que ordenó abrirle una investigación por un contrato por más de 2.000 millones de pesos, considerado como “altamente inconveniente” durante la pandemia del Covid-19.

El otro lío judicial que lo rodea inició en marzo de 2021, cuando la Fiscalía radicó un escrito de acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en contra del mandatario por presuntas irregularidades en la contratación de actividades educativas y publicitarias que no cumplían con los requerimientos necesarios, para poder mitigar la propagación de la pandemia en Chocó.

De acuerdo con el delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, los hechos investigados tienen relación con el “contrato de prestación de servicios No. 198 del 15 de abril de 2020, suscrito de manera directa con la Fundación Chocó Saludable, para realizar jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios”.

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El pasado 17 de enero la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo Final de Paz pidió al entonces gobernador del Chocó, Ariel Palacios, un informe sobre las acciones realizadas en relación a los desplazamientos forzados masivos ocurridos en el Medio San Juan, con el fin de brindar asistencia humanitaria y garantizar la protección de la política pública de víctimas.

En la visita a la capital del Chocó, el Ministerio Público se reunió con líderes y lideresas sociales para escucharlos y conocer sus problemáticas, las dificultades que están viviendo en sus comunidades por cuenta de la violencia y ofrecer el apoyo institucional para encontrar soluciones articuladas, según informó la entidad.

Durante los encuentros, se enfatizó en que se requiere realizar seguimiento a los indicadores de gestión de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y darlos a conocer públicamente de manera oportuna y participativa.

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