Este miércoles 23 de marzo, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que radicó la solicitud de audiencia de imputación contra el exgobernador encargado de San Andrés Islas, Alen Leonardo Jay Stephens, como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
“Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia estableció que el exmandatario suscribió un contrato interadministrativo el 3 de diciembre de 2020, por valor de 1.550 millones de pesos, que tenía por objeto el arriendo, transporte, instalación y desmonte del alumbrado navideño para el archipiélago”, explicó el ente investigativo en un comunicado difundido a la opinión pública.
Así mismo, explicó que los elementos probatorios lograron demostrar que no se cumplieron los respectivos requisitos que la contratación exigía:
“La argumentación del contrato indicaba que se buscaba reactivar la economía y el turismo en el departamento, tras el paso y la devastación generada por el huracán Iota. Sin embargo, el material de prueba da cuenta de que se vulneraron requisitos esenciales de contratación y principios como transparencia, responsabilidad y economía”.
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La Fiscalía también aseguró que la audiencia contra el exgobernador del departamento archipiélago se cumplirá en la fecha que fije el Tribunal Superior de Bogotá.
Cabe recordar que el señor Jay Stephens ejerció como gobernador encargado, entre octubre de 2020 y abril de 2021, luego de la suspensión del titular, Everth Julio Hawkins Sjogreen.
La investigación viene desde 2020, cuando la Procuraduría General de la Nación empezó a verificar las condiciones en las que estaba la isla luego del paso del huracán Iota.
“Con sorpresa nos hemos dado cuenta de la suscripción de este contrato millonario en medio de una emergencia en la que cientos de habitantes de Providencia no tienen techo donde resguardarse de la lluvia”, explicó el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, en su visita de supervisión en diciembre del mismo año.
Pero Jay Stephens no es el único exgobernador que está envuelto en un caso similar, a inicios de este 2022 la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Ronald Housni Jaller (quien ejerció entre 2016 y 2018), también por presuntas irregularidades en contratación.
Al parecer, Housni Jaller habría adjudicado la Licitación Pública Nº 06 y celebrado el contrato Nº 822 de 2016 con los socios de la empresa ‘Su Oportuno Servicio Ltda’, quienes ejercían como miembros de la junta directiva de la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia (SOPESA. S.A. E.S.P.), en la que el exgobernador trabajó durante16 años.
Según el órgano de control, el exmandatario departamental habría transgredido el artículo 40 de la Ley 734 de 2002, que hace referencia a que “todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su conyugue o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o socios de hecho o de derecho”.
La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta como grave, cometida a titulo de dolo, toda vez que Housni Jaller no habría declarado su conflicto de intereses.
El expediente fue remitido a la Procuraduría Delegada para el Juzgamiento Disciplinario (reparto), ante la cual el sujeto procesal puede presentar descargos, versión libre, aportar y solicitar pruebas si así lo desea. Contra esta decisión no procede recurso.
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