Cuestionan al estado colombiano por falta de eficiencia en indemnizaciones a víctimas del conflicto y restitución de tierras

En una entrevista con la W Radio, la investigadora de la Fundación Forjando Futuros, Carolina Alzate, manifestó su preocupación respecto a las acciones que se han tomado, desde el Estado, para indemnizar a las víctimas del conflicto armado en el país. De acuerdo con lo que resaltó, aquellos ciudadanos que perdieron sus tierras en medio de la violencia no han recibido la suficiente atención, aún y cuando la Ley de Víctimas entró en vigencia hace poco más de diez años. Con el ritmo que se lleva hasta ahora, dijo la experta, se tardaría 62 años para reparar, sin contar los 178 años que requerirían municipios PDET (programas de desarrollo con enfoque territorial).

“Hablamos de la indemnización administrativa, dentro del presupuesto se nos dice que se tiene destinado para la reparación integral 117 billones, verificamos y aparecen 8 billones, apenas un millón cien mil personas han sido indemnizadas de alrededor de siete millones de víctimas”, indicó en la entrevista. En otras cifras, puntualizó, es preocupante balance en materia de restitución de tierra porque apenas se ha llegado al 8% del total de predios a regresar a sus reales dueños o indemnizar.

“Nosotros desde que comenzó la implementación cuando hacemos el balance a nivel nacional identificamos que solo se ha avanzado en el 8,6% y lo hacemos mirando cuántas solicitudes han presentado los ciudadanos a la Unidad de Restitución, y después revisamos cuáles han llegado a la instancia judicial y efectivamente restituidas o compensadas”, añadió en su charla con la emisora. Manifestó que, además, es necesario hacer énfasis en la forma en la que la violencia sigue afectando a diferentes poblaciones, por ejemplo, desde la firma del acuerdo de paz, enfatizó, se han asesinado a más de 1.200, de esas más de 1000 personas 516 pertenecen a zonas PDET.

Paralelo a esto, se informó, justamente, que el juzgado Cuarto de Descongestión Civil del Circuito Especializado en restitución de tierras de Santa Marta, falló, esta semana, a favor de indígenas de la Sierra Nevada que habían sido desalojados por grupos guerrilleros y paramilitares de sus lugares de residencia. Los beneficiarios de la restitución de tierras, en este caso, son integrantes de los Resguardos Issa Oristunna (Nueva esperanza) y Kajmanta-Itti Takke, y los asentamientos Ette Butteriya-Nara y Diwana ubicados en Magdalena y Cesar.

La Unidad de Restitución de Tierras reveló que la sentencia judicial beneficia a 360 familias pertenecientes a la etnia Ette Ennaka, asentadas en 2.463 hectáreas, distribuidas en Sabanas de San Ángel y Santa Marta, estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en particular, en las cuencas aledañas al Ariguanicito, Fundación, Nabusímake y la Ciénaga Grande de Santa Marta; y hacia el sur, desde las cuencas de Ariguaní, El Copey, Caracolicito, Bosconia y Valledupar, en el departamento del Cesar.

Ante la decisión, el gobernador del pueblo Ette Ennaka, Víctor Alfonso Rojano, comentó: “quedó claro el alcance de las órdenes, las entidades responsables y la necesidad de concertación previa entre las autoridades gubernamentales e indígenas, como elementos fundamentales para la materialización de la sentencia”.

“La socialización busca reivindicar los derechos territoriales de esta comunidad indígena que requiere preservar sus costumbres, realización de sus ceremonias espirituales tradicionales y la visita a sitios sagrados, entre otras órdenes”, agregó la directora territorial Cesar- Guajira, Claudia Mireya Manotas Mejía.

La decisión, resaltan las autoridades, se tomó para ‘amparar y restituir’ los derechos territoriales que le pertenecen al Pueblo Ette Ennaka (Chimila) respecto del resguardo Cacahueros, Issa Oristunna; los asentamientos Ette Butteriya y Nara Kajmanta, en el departamento de Magdalena; e Itti Takke y Diwana, en el departamento de Cesar, rodos afectados por la violencia en el país.

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