Concejo de Bogotá aprobó reforma del reglamento para que las recusaciones no les impidan discutir los proyectos

Hubo una álgida discusión por parte de quienes querían continuar trabajando de manera virtual y los que negaron, por mayoría, ese artículo

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Concejo de Bogotá  (Colprensa - Álvaro Tavera)
Concejo de Bogotá (Colprensa - Álvaro Tavera)

El debate del Plan de Ordenamiento Territorial presentado por Claudia López en el Concejo de Bogotá fue un fracaso. La alcaldesa lo expidió por decreto después de que los concejales, enredados en interminables recusaciones, no lograron tomar una decisión al respecto pese a que todo indicaba su hundimiento. Ante ese bloqueo a sus funciones, el propósito de la corporación para este 2022 fue modificar el reglamento, un acuerdo que fue aprobado finalmente este 24 de marzo.

El documento pasó a la sanción de la alcaldesa López para quedar en firme. “Tuvimos muchas discusiones, más de un mes con diferentes mesas de trabajo y accidentales donde nos pusimos de acuerdo para tener un mejor reglamento interno”, afirmó el presidente Samir Abisambra.

Durante los 90 días que tiene el Concejo para discutir el POT, la mayoría se fueron en debatir recusaciones anónimas que llegaron a concejales. Uno de los problemas, era que el reglamento del 2019 no incluía una regulación para ese recurso ciudadano y daba un trámite de 5 días al cabildante para contestar, tres para conocer la recusación y 10 a la presidencia para tomar una decisión. Hasta no resolverse no podía reiniciarse la discusión.

Así las cosas, varios concejales fueron recusados para discutir el POT, se venció el tiempo de las sesiones ordinarias y el proyecto de ordenamiento quedó sin decisión, lo que abrió la posibilidad a Claudia López, de expedirlo por decreto.

Ahora, con el nuevo reglamento interno, se dará un trámite diferente a las recusaciones. “Vamos a poder convocar a plenarias cuando un concejal sea recusado por algún ciudadano, pero estas recusaciones e impedimentos deben tener unos mínimos que trae la jurisprudencia del Consejo de Estado, que los reglamenta. Por eso nos parece importante que, inmediatamente lo podemos citar, y que no lleguemos a lo que nos pasó el año pasado con el POT y el presupuesto”, sostuvo el presidente del cabildo.

En el acuerdo aprobado se mantuvieron los tiempos, pero se estableció que en “proyectos de acuerdo, antes o durante la sesión en la que discuta el proyecto, el concejal manifestará por escrito el conflicto de interés. Una vez recibida dicha comunicación, el Presidente someterá de inmediato a consideración de la plenaria o de la Comisión correspondiente el impedimento presentado, para que sea resuelto por mayoría simple”.

Además, para agilizar la votación el presidente de la comisión o la plenaria podrá agrupar los impedimentos según las causales y las circunstancias de configuración, y proceder a decidirlos en grupo respetando la mayoría requerida para la decisión de los impedimentos.

En ese sentido, los impedimentos se pueden tramitar el mismo día en que son presentados, serán resueltos en plenaria y esta se podrá convocar de urgencia para tramitarlos e impedir que frustren la discusión del cabildo.

La modificación del reglamento en el Proyecto de Acuerdo no. 100 (acumulado con los Proyectos de Acuerdo Nos.029, 050, 097, 100, 103, 105 de 2022) fue aprobado por la mayoría de la plenaria con 28 votos a favor y 0 en contra.

“Cosas que efectivamente son muy importantes, los debates de control político los vamos a hacer mucho más ágiles donde efectivamente la administración le responda a la ciudadanía y a los concejales por las preguntas y las proposiciones realizadas de una forma inmediata”, resaltó también el concejal Abisambra.

También se destaca la creación de la Comisión para la Equidad de la Mujer y se le asignan funciones. Además, se permite que las respuestas a las proposiciones, la radicación de las ponencias y de los Proyectos de Acuerdo se hagan en medio físico o digital.

El uso de los recursos virtuales y al reglamentación de la asistencia remota a las sesiones fue un punto de desacuerdo entre los concejales durante la discusión del proyecto este 23 de marzo, incluso con una molestia evidente por parte del concejal Carlos Carrillo, quien se opuso al artículo, pero finalmente fue rechazada por 32 cabildantes.

La intervención en los debates de control político cambiará, la bancada citante tendrá hasta 60 minutos, el citante principal reparte el tiempo entre los demás miembros de la bancada y si estos no alcanzan a intervenir lo pueden hacer como concejales no citantes. La Administración podrá responder hasta por 50 minutos, modificable por el presidente según la circunstancia. Los voceros de bancadas no citantes hasta por 10 min y concejales no citantes 5 minutos cada uno.

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