A las graves denuncias que enfrenta Buena Vibra Eventos E.U, organizadores del cancelado Jamming Festival, se le sumará un nuevo cargo. La Alcaldía de Ibagué (Tolima), municipio donde se desarrollaría el evento, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que reconozca al territorio como víctima en el proceso penal que se adelanta contra la empresa.
“La Fiscalía abrió una noticia criminal y la Procuraduría ya es interviniente del proceso para buscar responsabilidades en estas actuaciones. Nosotros aspiramos a ser constituidos como víctimas dentro de las investigaciones de la Fiscalía para que le respondan a los comerciantes afectados, a los clientes de la boletería y a Ibagué”, indicó Óscar Alexander Berbeo, secretario de Gobierno de Ibagué.
La Alcaldía argumenta que para poder permitir la realización del evento, la ciudad tuvo que invertir en logística. Así mismo, señalan que, a nivel individual, varios empresarios locales resultaron afectados porque pretendían vender sus productos y recuperar la inversión durante el festival que nunca sucedió.
Señalan que si bien varios microempresarios lograron vender sus productos y servicios, la mayoría no logró hacerlo y esto derivó en grandes pérdidas. Solo el sector hotelero de Ibagué dejó de percibir más de 800 millones de pesos por la cancelación.
La Secretaria de Gobierno asegura que junto a algunas entidades estatales y con ayuda de empresas e iniciativas ciudadanas se ha logrado ayudar a los afectados, pero esto no es suficiente. Sostienen que Buena Vibra Eventos debe responder ante las autoridades competentes.
“La Procuraduría me llamó para consultar sobre cómo podemos ubicarlos, y también la Fiscalía, para luego seguir los procedimientos de rigor. Necesitamos que cumplan, que aparezcan, que den la cara y que respondan”, sostuvo Berbeo.
Cabe recordar que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que ya había extendido algunas alertas sobre el evento, anunció medidas para proteger a quienes aún esperan su dinero y a quienes podrían comprar boletas para el Jamming 2023, que los organizadores estaban anunciando.
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La SIC les había pedido una mesa de trabajo para el 14 de marzo, pero los organizadores no asistieron, así que la entidad le abrirá investigación a la empresa Buena Vibra por el incumplimiento de instrucciones cometido y evaluarán las consecuencias jurídicas de cancelar el evento con un solo día de preaviso.
Finalmente, las denuncias que se recibieron con relación a este evento fueron trasladadas a la Fiscalía General de la Nación.
Por su parte, Buena Vibra emitió un comunicado para detallar las opciones de reposición para las más de 150.000 personas que adquirieron una boleta para el Jamming. Por ejemplo, las personas pueden cambiar su boleta del festival para asistir a cualquiera de los eventos privados que ofrecen en esa empresa.
Ya en cuanto a la devolución del dinero, indicaron que se regirán por el artículo 5 del Decreto 818 del 4 de junio del 2020 en cuanto a los plazos que establecen para el retorno monetario. Eso quiere decir que, si la emergencia sanitaria es extendida de nuevo, Buena Vibra Eventos tendrá hasta un año de plazo para hacer la devolución.
Así las cosas, la Superintendencia de Industria y Comercio no puede hacer mayor cosa con respecto a las vulneraciones causadas por este decreto.
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