Siete de los vinculados a la red de corrupción presuntamente liderada por el congresista Mario Castaño fueron enviados a prisión

El senador del Partido Liberal Mario Castaño ha sido recientemente relacionado con una red de corrupción que, aparentemente, direccionó por lo menos 50 contratos de diferentes municipios y departamentos para apropiarse de los recursos públicos. La Fiscalía y otros entes de control están tras la pista de lo que tendría que ver el político con este caso y, en las últimas horas, siete de los supuestos integrantes de la red fueron enviados a prisión.

A lo largo de los últimos días se han llevado a cabo varias audiencias preliminares contra nueve integrantes del supuesto entramado liderado por el senador Castaño; después de los puntos y pruebas expuestos por la Fiscalía, un juez de garantías decidió enviar a la cárcel a siete de ellos, mientras que otros dos investigados fueron beneficiados con casa por cárcel por un preacuerdo que hicieron con el ente acusador.

Para el togado, la Fiscalía logró demostrar la vinculación de estas personas con el caso de corrupción que habría desviado el destino de más de 43.000 millones de pesos de recursos públicos. Los beneficiados con la medida de aseguramiento domiciliario fueron Claudia Marcela Castaño Morales y Juan Sebastián Vargas, quienes llegaron a un preacuerdo con el ente acusador para evitar la prisión.

Por su parte, los abogados de las personas que fueron enviadas a prisión anticiparon que apelarán la decisión tomada por el Juzgado 55 con Función de Control de Garantías de Bogotá.

Cabe recordar que, en medio de una de las audicencias realizadas en los últimos días, una de las funcionarias del ente investigativo que también lleva a cabo la investiación por este caso señaló ante el despacho que “se acreditó por parte de esta delegada y soportado en los elementos materiales probatorios que hasta la fecha se han presentado ante su estrado judicial que la cabeza del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) es un senador de la República de nombre, Mario Alberto Castaño Pérez”.

Es por esta razón que, al tiempo que se decidía el destino judicial de las nueve personas investigadas, la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al senador Castaño, para que responda por los hechos que lo vinculan como supuesto líder de la red de corrupción. Se señala que el político caldense podría ser imputado por el delito de concierto para delinquir.

Según lo que la Fiscalía ha podido establecer en las investigaciones, estas personas lo que hicieron fue gestionar contratos para quedarse con los recursos públicos que, supuestamente, iban a ser utilizados para obras de mitigación, construcción de parques y alcantarillado; la pavimentación de vías terciarías; programas de educación y atención a la niñez; así como distribución de licores y proyectos productivos que eran ofrecidos en diferentes poblaciones del país. Los lugares en los que mayor presencia habría tenido esta red serían Cauca, Tolima, Risaralda y Valle del Cauca.

El fiscal detalló en el despacho que, con la previa intervención de Mario Castaño, varios ingenieros y empresas presentaban sus propuestas, pólizas o estudios de mercado para quedarse con los contratos públicos. “El material probatorio indica que todo se definía mediante el pago de dádivas, que correspondían a porcentajes de los dineros recibidos luego de la adjudicación de cada contrato. Parte de los recursos, supuestamente, se distribuían entre los gestores de los proyectos y otra quedaba en manos del congresista”, señaló el funcionario.

Algunos de los contratos que hacen parte de la investigación tienen que ver con la adjudicación de la comercialización del Aguardiente de Chocó por un valor de 14.492 millones de pesos; el desarrollo de varias obras para atender una emergencia vial en Villamaría (Caldas) por 10.000 millones de pesos; la construcción de un parque en Nuquí (Chocó) por 1.250 millones de pesos; la realización de una obra civil en Manizales (Caldas) por 16.424 millones de pesos; y una interventoría en un proyecto energético en Boyacá por 1.000 millones de pesos.

La Fiscalía ha señalado en el expediente a Mario Castaño como el ‘lobista’ de los demás integrantes de la red de corrupción. Explicaron que “en un trabajo realizado durante ocho meses, estableció que, desde la oficina de un senador de la República (Castaño), supuestamente, se direccionaban millonarios contratos a cambio del 10% del valor total de cada uno”.

Además, dentro de la labor de la Fiscalía también se ha puesto la lupa al nombramiento de 17 personas recomendadas en entidades estatales, gobernaciones y alcaldías municipales. Por ahora, los investigados y privados de la libertad por el caso deberán seguir respondiendo ante la justicia por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, extorsión tentada y estafa agravada.

En medio de las audiencias, el ente acusador ha revelado diferentes audios en los que se escucha al senador Castaño hablando con los investigados sobre los contratos, por ejemplo, con Juan Carlos Martínez, quien a su vez tuvo diálogos con Wilmar Herrera y Santiago Castaño.

Por su parte, el senador Mario Castaño dijo a El Espectador que la Fiscalía busca acusarlo sin pruebas. “Esos audios son absolutamente descontextualizados. Yo quedé sorprendido anoche. Me da una enorme tristeza con la administración de justicia, porque hay intereses perversos. Cuando uno sabe muy bien cómo funciona Colombia, yo sé que esto es una persecución de alguien que está interesado en que uno no siga creciendo de la manera política. Que no se siga destacando. Que las regiones se queden sin voz. Que en las regiones alguien venga y diga que no se puedan hacer proyectos. Que los congresistas pierdan su funcionalidad” y agregó que está preparado para defenderse ante la justicia.

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