La empresa Justo y Bueno es noticia por mostrar dos caras crudas de la misma crisis. Por un lado, sus cuentas bancarias fueron sujeto de embargo, lo cual va en contravía de la ley de insolvencia a la que se acogieron. Por el otro, sus trabajadores están protestando porque llevan más de 45 días sin percibir salarios y prestaciones.
Es bien sabido que la reconocida cadena de supermercados de bajo costo está atravesando por una crisis financiera que los ha dejado con poco surtido y estanterías vacías. Por ese motivo, la Superintendencia de Sociedades la admitió el 18 de enero de este año en la Ley 1116 para la Reorganización Empresarial.
Las cabezas de la compañía aseguraron a través de un comunicado que, aunque están trabajando en salir de la insolvencia y se consideran una empresa viable, sus esfuerzos se están viendo entorpecidos por las órdenes de embargo a sus cuentas bancarias.
“Como es sabido, estos recursos son inembargables, pero actuaciones y demoras inadmisibles en el proceso de devolución han generado atrasos que no debieron ocurrir por la retención improcedente de dinero que debe ser destinado cuanto antes al pago de nómina y de los gastos de administración”.
La misiva dice que están adelantando reuniones con los “acreedores con el fin de informar el estado de recuperación operacional”, pero la recuperación es incompatible con la asfixia judicial a la que se ven sometidos, de modo que piden “la solidaridad y apoyo necesarios en este momento en el que se requiere toda la colaboración para continuar con el salvamento”.
Las caras visibles de la nómina
El embargo de las cuentas sería la explicación a la situación precaria que está enfrentando la nómina de Justo y Bueno. Sintramer J&B, la asociación sindical que reúne a los trabajadores de la cadena, publicó un comunicado este martes en el que denuncian la falta de pago de sus salarios más las prestaciones de ley.
“Como la inmensa cartera comercial de la empresa no ha tenido solución positiva, ahora echan mano de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras sin importar que es un deber constitucional de primer orden la protección del trabajo y la familia”, dice la carta.
La organización de trabajadores también señala que la empresa fue beneficiaria de los auxilios económicos del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), pero que dicha ayuda es negada de cara a los empleados.
“¿Seguirán dejando de últimas el pago de 7 mil trabajadores y trabajadoras? ¿Qué pasó con las censantías de los trabajadores? ¿Están dispuestos, con soporte en mano, a contar la realidad del supuesto embargo de cuenta?”
El comunicado viene acompañado de una serie de protestas en las tiendas de la cadena, acompañadas de letreros con el título “desde febrero no recibimos salario”.
Otros han ido más allá y han narrado a través de sus redes sociales que se les ha negado la prestación de servicios de salud a sus familiares porque Justo y Bueno también dejó de pagar cesantías, ARL, EPS, cajas de compensación y liquidaciones.
Llevo cuatro años trabajando para la empresa y con la ley de insolvencia nos ha afectado a todos los trabajadores. [...] Mi esposa se lleva a mi hijo porque presenta vómito, diarrea y mucha fiebre. Se siente muy mal, se siente malito. Fuimos y la EPS no lo quiso atender en la clínica Sanitas porque me cortaron la EPS. Tienen ya más de 3 meses que no le pagan a la EPS.
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