El Gobierno solicitó a la Corte anular la sentencia que advertía sobre la seguridad de los excombatientes

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, reveló que el Gobierno nacional le solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional que determine la nulidad de la sentencia que declara el Estado de Cosas Inconstitucional sobre la seguridad de excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las FARC.

El funcionario señaló que esta petición está sustentada en un informe de la Defensoría del Pueblo, el cual fue realizado en respuesta a las solicitudes de las entidades que pertenecen al Sistema Integral para la Paz (SIP), en el que se reconoce “un despliegue de las acciones correspondientes, mediante el desarrollo de programas y estrategias, que se ha visto reflejado en la materialización de esquemas de protección de los firmantes”.

“El objetivo de todas las entidades que participamos en la seguridad de los excombatientes es que haya cero muertes y cero ataques, pero para poder aunar los esfuerzos tenemos que partir del reconocimiento de lo que sí ha ocurrido. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, encontró en el campo que hay una política dirigida por el presidente articulada, juiciosa y dedicada para la seguridad de los combatientes”, señaló el consejero Archila.

Asimismo, indicó que la Defensoría también encontró que se han tenido “buenos resultados”, argumentando que este es el proceso en el que se ha registrado el menor número de asesinatos por cada 1.000 personas en proceso de desarme, declaraciones que, si bien pueden ser ciertas, riñen con las cifras recogidas por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), el cual registra 305 asesinatos de excombatientes desde la firma del Acuerdo de paz.

De igual manera, señaló que el defensor habría evidenciado en el informe que anualmente se ha venido presentando una disminución “sustancial” en los ataques contra los firmantes en proceso de reincorporación, asimismo se hizo un reconocimiento de las autoridades judiciales en el propósito de avanzar en las investigaciones que han llevado a sentencias condenatorias y a la cárcel a los responsables que han sido identificados de las disidencias, el Clan del Golfo y ELN.

“Para que las acciones de todos los interesados en que la seguridad de los excombatientes lleven a un objetivo común, es necesario que se parta de la realidad de los esfuerzos que se han hecho y lo que se ha avanzado. Por eso, es tan importante que la Corte considere lo que la Defensoría enseñó y que no se quede en sus apreciaciones iniciales”, indicó el consejero.

Asimismo, aclaró a pesar que esta sentencia no ha sido notificada ni publicada, la Corte Constitucional le informó a la opinión pública que la sentencia resuelve declarar el Estado de Cosas Inconstitucional, que es una figura que utiliza el alto tribunal cuando hay una vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas, por el presunto “bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad de los excombatientes”.

“Sabemos que la intención de la Corte Constitucional es acertar. Ahora, nuevamente, cuenta con elementos de juicio para reconocer lo que se ha hecho y partir de ahí para sus conclusiones y recomendaciones en materia de seguridad de los excombatientes”, concluyó el consejero Archila.

A pesar de los esfuerzos, que exalta el funcionario, varias organizaciones sociales y organismos internacionales como las Naciones Unidas han hecho reiterados llamados a incrementar los esfuerzos para garantizar la seguridad de los excombatientes.

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