Archivaron investigación en contra del general Rodolfo Palomino por abuso de autoridad

Después de atender la petición de la Fiscalía General, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, precluyó las investigaciones que se adelantaban en contra de los generales en retiro Rodolfo Palomino Bautista, Carlos Ramiro Mena y Edgar Sánchez Morales por su presunta participación en los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

El exdirector de la Policía Nacional y los otros dos oficiales eran procesados por presuntamente haber ejercido una presión indebida en contra del coronel Mario Aurelio Pedraza Sandoval y su familia, para que se retirara su denuncia y se abstuviera de manifestar ante los medios de comunicación la existencia de actos de corrupción y malos manejos administrativos en el proceso de ascensos.

Cuando el coronel Pedroza Sandoval había reclamado que, pese a que su hoja de vida era intachable y contaba con toda la experiencia requerida, su nombre no fue tenido en cuenta para el ascenso a brigadier general. Por esta razón fue que presentó una queja ante la Junta Asesora General y el Ministerio de Defensa.

Para que Pedroza no siguiera con estos señalamientos, el 3 de octubre de 2012 fue citado por Palomino, quien en esa época era subdirector de la Policía, a una reunión junto a su esposa e hijos y los generales Mena y Sánchez, ambos superiores de los hijos de Pedroza. Según consta en la denuncia, esta reunión existió para intimidarlo y detenerlo en sus acusaciones.

El exdirector de la Policía Rodolfo Palomino reconoció ante la Fiscalía que la reunión efectivamente sucedió, pero que “fue un asunto cordial y de solidaridad por no haber sido llamado al ascenso”.

Pero Pedroza en la denuncia afirmó que existieron actos de represalia por las denuncias a sus superiores. Uno de ellos fue que días después de graduarse uno de sus hijos, fue trasladado al Amazonas. Decisión que vieron influenciada por las acciones que había tomado.

Este caso ya había sido precluido una vez. El 26 de febrero de 2019 la Sala Primera Instancia de la Corte Suprema había tomado la decisión, pero en marzo de 2020 la Sala Penal revocó esa determinación porque “no se demostró en debida forma la solicitud de preclusión siendo evidente las omisiones investigativas frente a los hechos motivo de queja”.

La fiscal encargada afirmó durante la diligencia que “solo hasta el 7 de mayo de 2020 el caso se entregó a otro despacho en la entidad después de que volvió de la Corte Suprema de Justicia, tiempo en el cual obró la prescripción”.

“El 7 de abril de 2020 se venció el plazo para emitir una sentencia, teniendo en cuenta que el ente investigador tenía un plazo de siete años y seis meses desde la comisión de los hechos para realizar la indagación”, prosiguió la funcionaria.

Por su parte, la defensa se opuso a este argumento y señaló a la Fiscalía que los hostigamientos en contra del coronel Pedroza continuaron después de 2013, luego entonces, aún no se han vencido los tiempos para hacer la investigación de los hechos.

La funcionaria de la Fiscalía contradijo y afirmó que “los hechos no pueden revisarse de una manera aislada porque tenían la presunta intención de evitar que el coronel Pedroza hiciera reclamos públicos.”

Este proceso ya había sido archivado en el 2019, pero el alto tribunal decidió reabrir el caso y, ahora que lo precluye, será la Sala Penal en segunda instancia que tome una decisión definitiva.

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