La crisis de confianza en los resultados electorales también golpea a los jueces de la República, quienes son los encargados de realizar el escrutinio, es decir, la confirmación de los votos obtenidos por cada corporación. Su labor, de cada cuatro años, aseguran es imparcial y seria, pero a raíz de los cuestionamientos del partido de gobierno se deslegitiman las instituciones y se constituyen como un nuevo desacato de ese poder independiente.
“Pensar siquiera en invalidar o desconocer un proceso electoral, que ha sido verificado por el poder judicial con responsabilidad y pulcritud, cuando simplemente no beneficia los intereses del partido de gobierno, desconoce los principios y postulados constitucionales, que con claridad nuestra carta política define en su artículo 1º como propios de un Estado Social, Democrático y de Derecho, basado en la pluralidad ideológica y política y en la autonomía e independencia de los poderes, que en su colaboración armónica deben garantizar la unidad de la República”, sostuvo la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano (Asonal Judicial).
Tras los comicios electorales, los jueces reciben en las cabeceras municipales y Bogotá los votos y las actas de escrutinio, para realizar un nuevo conteo que confirme las cifras. Ese proceso concluyó que el preconteo tuvo cientos de errores que llevaron a unos resultados diferentes a los informados inicialmente y otorgarle 3 curules más al Pacto Histórico, la lista más votada.
“Ahora, el partido de gobierno en cabeza de su máximo director, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ante la derrota sufrida por esa colectividad en los comicios electorales realizados el pasado 13 de marzo, sale abiertamente a desconocer el resultado de las elecciones, porque no coincidieron con la información entregada por la Registraduría el día de los mismos. En el verdadero escrutinio, el realizado con posterioridad por los jueces y notarios como escrutadores y claveros, se revisó durante toda la semana la labor de conteo final y se procedió a la corrección de los errores y fallas detectadas, e inclusive, se ordenó la investigación ante los entes de control de aquellas conductas penales en las que podían estar inmersos los jurados de votación”, señaló el sindicato.
Según los funcionarios, no hay fundamento para solicitar un recuento general de las elecciones al Senado, como lo hizo el registrador Alexander Vega y el mismo presidente Iván Duque, porque más de 5.000 jueces desarrollaron una labor seria e imparcial de escrutinio, por lo que ponerlos en tela de juicio puede “ser una antesala para echar atrás el proceso electoral, lo que no sería nada distinto a un golpe de estado civil a la Constitución”.
“En contravía de la imparcialidad que en los comicios electorales debe acompañar a un gobierno que se precia de democrático, el Presidente de la República, ante las voces de desconcierto e inconformidad del partido de gobierno por la mengua sufrida en las urnas, convocó, para este martes, a la Comisión de Garantías Electorales y el Registrador Nacional del Estado Civil, en forma sumisa y obsecuente, sale a proponer que se repita el conteo de votos para el senado, a nivel nacional”, señaló Asonal.
Así mismo aseguran que podría incurrirse en delitos como prevaricato por acción, abuso de función pública y otras conductas ilícitas que estamos revisando. Además, denuncian que “decenas de jueces en el país que aseguran que en el escrutinio dictaron cientos de votos a favor de colectividades como el Pacto Histórico y otros y los funcionarios de la Registraduría en el acta E 24 colocaron 0″.
Los funcionarios judiciales hicieron un llamado al Consejo Superior de la Judicatura y a las altas Cortes a cerrar filas en torno a la autonomía e independencia judicial y llamaron al presidente Iván Duque para cese ataques contra sus miembros, como cuando pretendió desconocer el fallo de despenalización del aborto y afirmó que 5 personas no podían decidirlo, en referencia a sus magistrados.
SEGUIR LEYENDO: