Piden a la JEP que campesinos y microempresarios sean declarados como víctimas del conflicto armado

Mediante un documento le piden al organismo que se garanticen los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación de los miembros del sector productivo que constituye gran parte del territorio nacional.

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En la foto: Julieta Lemaitre Ripoll y Eduardo Cifuentes Muñoz. (Colprensa - Álvaro Tavera)
En la foto: Julieta Lemaitre Ripoll y Eduardo Cifuentes Muñoz. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Un informe que fue presentado ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), de la Jurisdicción Especial para la Paz, pide que se garanticen los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación a los pequeños comerciantes y campesinos.

Allí señala que se cometieron asesinatos como retaliación por el no pago de extorsiones o incumplimiento de órdenes de las extintas Farc; privación de la libertad desarrollada bajo la modalidad de secuestro con fines extorsivos, de control social y territorial. Además, sometimiento a tratos indignos mediante amenazas constantes y humillaciones para el pago de extorsiones.

Semana publicó apartados del documento de 40 páginas, donde señalan que a pesar de las investigaciones adelantadas por la JEP sobre los delitos cometidos contra miembros el sector productivo, se debe recalcar que los hechos deben reconocerse como ataques sistematizados, generando efectos adversos como desincentivar a la producción en diversos sectores, afectaciones a la propiedad privada y al derecho al trabajo. También piden identificar a los responsables de dichos crímenes con el fin de reconstruir la verdad.

“Los miembros del mencionado sector deben recibir un tratamiento diferenciado por parte de la JEP, en tanto los mismos fueron sistemática y recurrentemente victimizados por parte de las Farc”, señala el documento. Además, asegura que: “Si bien no se pide una reparación económica, sí se busca claridad en el rol que tuvieron las Farc para afectar a gran parte de estos sectores”.

Es importante señalar que otros de los hechos presentados, apuntan, al desplazamiento forzado; destrucción, apropiación ilícita indebida y arbitraria de bienes para el financiamiento del grupo guerrillero, en ocasiones haciendo uso indiscriminado de artefactos explosivos.

“El análisis de estos costos sociales y económicos del conflicto producto de las decisiones empresariales revisten especial importancia para los fines de la justicia transicional puesto que le permitirá abordar integralmente los daños colectivos producidos por el conflicto y brindar: “información sobre el diseño de estrategias enfocadas a reducir su impacto sobre la actividad económica, revertir y prevenir la perpetuación de los costos y sentar las bases para lograr una paz duradera”,

además, en la solicitud se agrega que se deben verificar las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidos de forma sistemática en contra de los miembros del sector productivo.

La situación preocupa ya que, en los últimos días se dio a conocer que los excomandantes de la guerrilla de las FARC no serán investigados por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, ante el incumplimiento del proceso de reparación de las víctimas del conflicto armado.

De hecho, para funcionarios como el ministro de defensa, Diego Molano, es injustificado que se tomen estas determinaciones, y que, por el contrario, los cabecillas de las FARC soliciten ser reconocidos como víctimas. El jefe de la cartera dijo:

“es la mata del descaro. Los victimarios reclamando ser víctimas, cuando lo que tienen que hacer es reconocer sus responsabilidades para los más de 9 millones de víctimas en Colombia y, en el caso de la Fuerza Pública, 403 mil”

Por otra parte, teniendo en cuenta la falta de garantías para las víctimas, la JEP le pidió a la Procuraduría General que investigue lo sucedido con los 35 firmantes del acuerdo de paz que han sido asesinados. Solicitaron que se revisen los errores que se hayan podido cometer y que han impedido garantizar la seguridad de esta población.

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