La desconfianza y las irregularidades en el escrutinio retrasan la conformación del Senado de Colombia

El 13 de marzo se realizaron las elecciones legislativas en Colombia para elegir los miembros del Congreso de la República para el periodo 2022-2026, que cambió la distribución de las fuerzas políticas en el Capitolio; pero cuyos resultados han sido cuestionados por numerosas agrupaciones, partidos y líderes políticos, lo que ha llevado a una situación inédita en el país y posiblemente ilegal: realizar un recuento general de los votos.

El Congreso en Colombia es bicameral, compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado de la República, consideradas también cámara baja y alta respectivamente. La primera está compuesta por 162 congresistas elegidos localmente en cada departamento y la segunda por 102 senadores elegidos nacionalmente.

A estos se les debe añadir cinco miembros en cada cámara asignados al partido Comunes por el acuerdo de paz del Teatro Colón, 16 representantes de víctimas en la cámara baja por el mismo acuerdo, y una curul adicional que se otorga al segundo más votado en las elecciones presidenciales y vicepresidenciales, respectivamente, del 29 de mayo o, en caso de una segunda vuelta, al perdedor de esta ronda electoral.

Al cerrarse las urnas, a las 4:00 pm. del día de la votación, los jurados electorales, que son ciudadanos elegidos por sorteo, en las 112.900 mesas de votación instaladas en todo el país, debieron contar los votos en las urnas y reportarlos para tener una primera información de los resultados.

Los jurados deben llenar un formulario llamado E-14 tres veces, uno para los claveros, otro para los delegados departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil (la autoridad electoral) y otro que es el que finalmente se envía con el fin de informar el resultado para que se transmita la información públicamente. Los tres tienen la misma información y son netamente informativos.

Esa noche, tarde porque los jurados contaron de últimas los votos del Senado, se conocieron unos primeros resultados que arrojaron que el Pacto Histórico, la coalición de los partidos de izquierda y oposición liderados por Gustavo Petro, fue la lista más votada.

Con un 99,41% de mesas informadas, el Senado en Colombia estaría conformado por el Pacto Histórico y el partido Conservador con 16 curules cada uno, 15 curules del partido Liberal, 14 de la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza y 14 del Centro Democrático; 11 escaños para el partido Cambio Radical, 10 del partido de La Unión por la Gente (Partido de la U) y la Coalición Mira y Colombia Justa Libres con 4 espacios.

Ese fue el resultado conocido tras el primer escrutinio que se conoce como preconteo y que no tiene validez jurídica para la conformación del Congreso, pero sirve para generar confianza entre el electorado y los partidos sobre el proceso electoral público.

Pero esta vez no fue así. Esos resultados se reportan a las comisiones escrutadoras, que están conformadas por los jueces de la República, quienes deben recibir los votos depositados en las urnas y las actas de escrutinio, para verificar los datos y hacer un nuevo conteo que es el que define cuántas curules recibe cada partido y agrupación, denominado escrutinio y que, tras una certificación del Consejo Nacional Electoral, se convierte en el resultado oficial.

Allí empezaron los problemas. El Pacto Histórico conoció por los informes de la Registraduría que en más de 29.000 mesas, es decir 1 de cada 4, se había reportado cero votos para su agrupación, pese a haber sido la más votada nacionalmente. Para sus testigos y veedores, cientos de miles de votos no habían sido contados o reportados a la autoridad electoral, y tenían razón.

Cuatro días después, la Registraduría entregó un resultado preliminar del escrutinio y la diferencia de votación para esa agrupación política fue de poco más de 390.000 votos por encima de los reportados inicialmente, mientras que a otras agrupaciones se les restaron algunos que habían sido atribuidos, aparentemente, de forma errática.

El Pacto Histórico, conformado por partidos de izquierda que habían sido minoría en el Congreso, pasó a tener de 19 curules, tres más que en el primer resultado. Mientras que el Centro Democrático y Conservador, partidos de gobierno, y la Coalición Centro Esperanza, de movimientos alternativos moderados, perdieron un escaño cada uno.

Desde la alianza política de Petro se confirmó la irregularidad que habían denunciado como un “borrón histórico de votos”, con tintes de fraude y se celebraron los resultados sin levantar la desconfianza en el proceso. Pero surgió la molestia de los partidos de gobierno, incluidos los expresidentes Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, y Andrés Pastrana, líder del Conservador, quienes anunciaron un fraude a favor de la izquierda.

El proceso electoral plantea un recuento de los votos, únicamente cuando los claveros (jueces) encuentren inconsistencias en las actas de escrutinio o cuando los partidos o candidatos presenten reclamaciones individuales por alguna de las 12 causales existentes. A través de ese mecanismo, partidos minoritarios han recuperado curules en elecciones previas.

Sin embargo, a raíz de la controversia de los resultados electorales, el registrador Alexander Vega, con el respaldo del presidente Iván Duque, solicitó un recuento general para las elecciones al Senado que es en la que se han evidenciado mayores irregularidades en el conteo. Una situación inédita en el país, que pone en duda el proceso, y que será Consejo Nacional Electoral el que defina si se realiza o no.

Desde la Registraduría sostienen que no se trató de un fraude, aunque se han evidenciado situaciones dolosas, si no que corresponde a un error en el reporte inicial de los resultados del preconteo por el formato de los formularios E-14 y desacato de los jurados en las instrucciones de diligenciamiento. Aún así, cabe destacar que el escrutinio adelantado por jueces tiene carácter vinculante y las irregularidades son solicitadas mesa a mesa, por lo que algunos abogados argumentan que una reclamación general no estaría permitida por la ley electoral.

Alejandra Barrios, directora de la Misión Electoral, explicó en el programa Mesa Capital, que el diseño del formulario dejó la casilla de reporte de votos del Pacto Histórico en un reducido espacio en comparación con el de La U, recuadro que se encontraba ubicado encima en el documento. Debido a esa situación, al reportar los resultados, bajo la premura del 13 de marzo, algunos jurados pasaron por alto el resultado de esa coalición.

Antes de las elecciones, en redes sociales se difundió que se llenaran los recuadros vacíos de los formularios con asteriscos para evitar una supuesta alteración evidenciada en anteriores comicios, con el fin de evitar fraude. Muchos jurados, según expuso el Registrador, atendieron esa propuesta en lugar de la impartida por la autoridad electoral, tacharon los documentos y eso impidió que en el reporte de los datos fuera fácil visualmente notar los números entre las demás figuras hechas en los recuadros.

El Gobierno nacional ha establecido una Comisión de Garantías Electorales para definir cómo concluir el escrutinio y reportar los datos oficiales. En medio de la solicitud de un nuevo conteo, desde la oposición cuestionan la custodia de los votos, aunque aún no ha terminado ese proceso.

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