Las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el 13 de marzo, dejaron inconformes a los ciudadanos, a los partidos políticos y movimientos, tanto así, que siguen exigiendo la renuncia del registrador Alexander Vega. La actuación del alto funcionario, según estos no representa confianza para poder hacerle seguimiento a las elecciones presidenciales y acrecienta la desconfianza que los colombianos le tienen a las instituciones.
En redes sociales se compartieron muchas evidencias que demostraron irregularidades en el proceso de preconteo como la alteración de los formatos E-14, la falta de conteo de votos de miles de mesas alrededor de país, denuncias por compras de votos y demás. Incluso, se hizo un llamado para un recuento teniendo en cuenta que para muchos fue un intento de fraude y para otros problemas de los jurados por mala capacitación.
Siguiendo la segunda hipótesis sobre los problemas que tuvieron algunos jurados, desde la Registraduría, Vega señaló que se están llevando a cabo algunas investigaciones a jurados, que hicieron parte de la jornada, pues parece ser que existió un posible saboteo.
“Vamos a compulsar copias porque se debe saber cuál fue el objetivo de algunos jurados de tachar un resultado que ya estaba. Hay actuaciones de mala fe y tenemos información de que los jueces han citado a jurados a ratificar los formularios E14″, puntualizó el funcionario del gobierno de Iván Duque.
Y añadió que esos errores no se podían presentar en magnitudes tan grandes, pues antes de votaciones se les dieron capacitaciones a los jurados y se les dio la respectiva información impresa.
“Los jurados no solo tenían la capacitación, sino dentro del manual que tenían dentro de la mesa estaba el señalamiento de que tuvieran precaución, y sobre todo, que tuviera mucho cuidado al momento de ubicar la votación de las listas no preferentes”, dijo el registrador.
Las investigaciones serán lideradas por la Fiscalía, que tendrá la última palabra en todo este proceso. Recordemos que los delitos electorales pueden conllevar a una pena entre los 3 y los 4 años de cárcel, dependiendo de su tipificación.
Por ejemplo, en la alteración de los resultados electorales la autoridades señalan que los que sean declarados culpables deberían cumplir una pena de 4 a 8 años de cárcel, mientras que, denegación de inscripción tiene una pena de 1,3 a 4,5 años en prisión.
Por otro lado, el registrador que el año pasado fue nombrado como el mejor funcionario del Gobierno, anunció un recuento nacional para los resultados de la cámara alta, aunque no dio muchos detalles de como e llevará acabo el proceso.
“Con el fin de salvaguardar la institucionalidad, con el fin de llegar a la verdad electoral y con la presencia del presidente del sindicato; hemos tomado la decisión el día de hoy, de acuerdo al sinnúmero de inconsistencias de los formularios E-14 al Senado, como registrador nacional solicitaré nuevamente el recuento de todas las mesas del Senado de la República”, anunció Vega este lunes.
Y ratificó que todo se dio gracias a errores de los ciudadanos: “Son factores humanos, no hay mala fe, presumo. Hay unas actuaciones dolosas que ya vamos a compulsar a la Fiscalía, la Procuraduría por parte de los jurados, pero con el fin de dar tranquilidad y trasparencia al proceso, vamos a solicitarle al Consejo Nacional Electoral que autorice el recuento de todas las mesas del país para la corporación del Senado”.
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