Exigen la renuncia del gerente de la Imprenta Nacional por presuntamente direccionar un millonario contrato

El sindicato de trabajadores de la Imprenta Nacional de Colombia SINTRAIMPRENAL denunció un presunto caso de corrupción al interior de la entidad, por dos contratos de más de 24.000 millones de pesos que, sostienen, fueron direccionados por el recién llegado gerente Álvaro Echeverri Castrillón.

En la última semana, varios miembros del sindicato y trabajadores cubrieron la sede de la Imprenta con carteles que pedían la renuncia del gerente, como “fuera gerente corrupto ¡No robe más!” y realizaron una manifestación con consignas y vuvuzelas al interior del edificio, ubicado en el sector de El Salitre, occidente de Bogotá.

Los contratos se firmaron para la adquisición de 2.100 toneladas de papel bond y para la impresión, almacenaje y distribución de más de 4,7 millones de libros del programa ‘Todos a Aprender’ del Ministerio de Educación que son dirigidos a más de 14.472 instituciones educativas, según indicó el diario El Tiempo.

El sindicato asegura que los contratos fueron direccionados, es decir, que desde el despacho del gerente se habrían creado los pliegos de condiciones de los contratos de tal forma que las únicas que pudieran cumplirlos fueran empresas previamente establecidas, que en este caso corresponderían a Ditar S. A. y Quad Graphics Colombia S. A. S.

El sindicato, según indicó el periódico El Tiempo, asegura que el gerente Echeverri Castrillón estuvo dos meses antes del inicio de la contratación en la sede de Ditar en Barranquilla y, cuando esta envió la propuesta, aceleró el proceso para la presentación de ofertas incluso por encima de la revisión del comité de contratación, orden que emitió el 22 de diciembre casi a las 11:00 de la noche.

Fue una de las miembros del comité de contratación la que inició las denuncias de irregularidades en contra del gerente Echeverri, después de presuntamente haber sido agredida por él. Según dijo a la emisora Mariana Néstor Bojacá, presidente del sindicato, el 22 de diciembre la jefe de la oficina de asesora jurídica se acercó a él para denunciar maltrato con violencia de género contra ella “porque se opuso a aprobar en un Comité de Contratación un contrato de vigilancia que el gerente quería direccionar a una empresa” de Barranquilla.

“Agrega que no me haga la loca, que yo ya estoy vieja, que lo que pasa es que estoy bien embalsamada. Se refiere a mi como una persona ignorante y bruta ante los demás directivos degradando mi imagen como profesional y como mujer”, señaló la funcionaria afectada en la carta enviada al sindicato, según citó la emisora RCN Radio.

Ese contrato de vigilancia se declaró desierto porque la directiva se opuso a la contratación y desde ese momento inició el contrato del programa ‘Todos a Aprender’, que se realiza anualmente desde hace varios años, pero que esta vez presentó un proceso diferente.

En ese contrato que ya era tradicional se dividió entra la compra del papel y la impresión y distribución, en el que según Bojacá se benefició a una empresa que es distribuidora e intermediaria pero no productora, que es Ditar y que también habría tenido sobrecostos de más del 40 %.

En el proceso hay varias inconsistencias más. Según dijo Bojacá a la emisora Mariana, al momento del contrato ya se habían enviado los rollos desde Estados Unidos. Además, estos estaban a la medida de la rotativa de la empresa Quad, con la cual se firmó el contrato de impresión, lo que de asumirlo otras compañías habría podido llevar a desperdicios.

Los rollos así mismo se habrían comprado a 6.000 pesos el kilo de papel bond cuando el sindicato sostiene que se negociaba en 2.830 pesos en proveedores anteriores. El Ministerio del Interior ya habría iniciado acciones, que han llevado a retrasar el cumplimiento del contrato, con radicados en los demás organismos de control como la Contraloría que ya inició el seguimiento del caso.

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