A finales de 2017, la Fiscalía encontró que dos altos funcionarios del Fondo Nacional del Ahorro (FNA); entidad financiera que se encarga de administrar las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales, vendieron de manera irregular una cartera de 131.433 millones de pesos en 68.435 millones, lo que significa una pérdida de 62.998 millones para la institución.
Los funcionarios, meticulosa y calculadamente plantaron el negocio con total facha de legalidad, lograron modificar el Sistema de Administración del Riesgo Crediticio (SARC), con el fin de evitar que en la transacción se notaran irregularidades, asegura la revista Semana.
El vicepresidente financiero, Milton Bustos y la vicepresidenta de riesgos Adriana Rojas, funcionarios que aún trabajan en el Fondo Nacional del Ahorro, fueron recientemente presentados ante un juez para imputación de cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Una de las firmas que presuntamente se vio mayormente favorecida es Disproyectos, ya que no fue siquiera postulada para la participación en el proceso de selección. Además, los investigadores de la Fiscalía demuestran que esta empresa no tenía un flujo de caja suficiente para asumir las responsabilidades contractuales, ya que su patrimonio no superaba los 1.000 millones de pesos; lo que resulta ilógico para que se pudiera encargar del negocio. Otro punto para tener en cuenta es que no demostraban experiencia en cobro de cartera.
Para encubrir este favorecimiento, la vicepresidenta Rojas, meses antes invitó otras 7 firmas, sabiendo que no iban a quedarse con el contrato, pero esto le permitía demostrar que Disproyectos era la firma que representaba mejor los intereses del Fondo Nacional del Ahorro. Incluso, la funcionaria aceptó una solicitud de no constituir la garantía exigida por el comité para el cumplimiento del contrato.
Finalmente, Adriana Rojas terminó aprobando la oferta a favor de Disproyectos personalmente, omitiendo de manera consciente el análisis de la capacidad de pago de la firma para determinar si podría cumplir. Además, Semana señala que fue tan clara fue la intención de asignarlo directamente que tampoco puso a competir la oferta de Disproyectos con otras firmas, según la Fiscalía.
Acá aparece el nombre del vicepresidente Milton Bustos, ya que fue determinante para la operación dado que tenía total conocimiento de la misma, además, no hizo oposición alguna para evitar el descalabro económico que sufrió la entidad. Estas actuaciones le hicieron perder más de 60.000 millones de pesos al Fondo Nacional del Ahorro cuando se vendió la cartera.
Los vicepresidentes se declararon inocentes y que actuaron conforme a la ley. La Fiscalía, por su parte, no tiene dudas que las actuaciones de los funcionarios “son aberrantes”, mentirosas en su totalidad y que en el proceso de trámite de venta le hizo incurrir en detrimento patrimonial al Fondo Nacional del Ahorro. El ente judicial preparará la acusación para ser emitida en los próximos días.
Estas cifras son muy similares a las del escandalo que terminó con la renuncia de la exministra de las Tecnologías de la Información y Comunicación, Karen Abudinen, por “la perdida” de 70 mil millones de pesos en un contrato para la conectividad y educación de los niños de las escuelas más vulnerables del país, con el consorcio Centros Poblados.
La presidenta del FNA, María Cristina Londoño, le aseguró a Semana que los hechos ocurrieron durante la administración del expresidente Helmuth Barros y que se tomaron las respectivas medidas para evitar las perdidas de los recursos a causa del contrato.
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