El senador Mario Castaño, que procesan por corrupción, tendría propia minibancada en el Congreso electo

El cuestionado senador del Partido Liberal, Mario Castaño y quien pese al proceso penal que le llevan por varios delitos relacionados con corrupción fue reelegido para un nuevo periodo legislativo, contaría con su propia bancada, ya que hay varios congresistas electos que son de su círculo cercano.

A través de una investigación que llevó a cabo el periodista Juan Pablo Barrientos, del medio independiente Vorágine, y que replicó en la emisora Caracol Radio, en su sección Las Cuentas Claras, se encontró que varios de los nuevos representantes a la Cámara por los departamentos de Quindío, Caldas y Cauca tienen vinculaciones con Castaño.

Entre los mencionados están Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, exgerente del canal regional Telecafé, quien obtuvo 11.694 sufragios. De ella encontraron que se encargó de la contratación pública de Armenia (Quindío) durante la alcaldía encargada a Óscar Castellanos durante 2018 y 2019, cuyo nombramiento se dio por recomendación del senador Castaño, según las fuentes que consultaron en el medio radial.

Recordaron que Castellanos reemplazó al alcalde Carlos Mario Álvarez Morales, quien renunció por la acusación de la Fiscalía de que desvió 80.000 millones de pesos a contratistas allegados a la exalcaldesa de la capital quindiana Luz Piedad Valencia Franco.

En esa emisora recordaron que, de acuerdo con información del periódico regional El Quindiano, Aristizábal Saleg se habría caracterizado por favorecer, supuestamente, con contratos a personas que votaran por la candidata liberal Piedad Correal Rubiano durante las elecciones para elegir el alcalde de Armenia. La excandidata en estas elecciones de congreso, participó como coequipera de Aristizábal Saleg.

Incluso la representante electa fue suspendida de su cargo en 2019 por la Procuraduría General de la Nación, pero una vez concluyó la contienda del 2019, retornó a su cargo. Posteriormente, en 2020 fue nombrada como gerente de Telecafé, al parecer, también por recomendación del congresista Castaño, durante el periodo del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, a quien el propio congresista le impuso la cinta del cargo.

En esa investigación periodística también destacaron que Aristizábal Saleg renunció a su cargo en Telecafé aduciendo motivos familiares, pero reseñaron que en había trascendido a medios que la congresista electa renunció por unas contrataciones sobre las que tienen indagaciones los entes de control.

La congresista electa negó tener algún vínculo con el senador Castaño y con la red de corrupción por la que lo señalan, y lo están investigando, cuando fue consultada para esa investigación periodística.

También mencionaron a su coequipera, Piedad Correal Rubiano, quien fue Defensora del Pueblo en Quindío y que como se mencionó anteriormente fracasó en su intento de llegar a la alcaldía de Armenia en 2019, ya que para entonces se revelaron unas grabaciones en las que se hablan de supuestos direccionamientos de contrataciones en esa ciudad que salpican al cuestionado senador.

Otro de los señalados fue José Octavio Cardona León, cuya candidatura fue animadamente apoyada por Castaño, incluso hay afiches en los que sale una fotografía de los dos. Según lo que encontraron en esa investigación de Caracol Radio, el representante electo recibió apoyo del senador investigado cuando fue alcalde de Manizales entre 2016 y 2019, incluso Castaño lo habría acompañado para inscribir su candidatura al cargo, y la esposa le donó 40 millones a su campaña.

Junto a ellos está el exalcalde de Popayán César Cristian Gómez Castro, quien aseguró que no ha recibido apoyo financiero de Castaño, luego de que en la revista Semana publicaran un audio en el que supuestamente hay un acuerdo para aportarle recursos millonarios a su campaña al congreso.

A comienzo de 2022 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió una investigación formal y llamó a indagatoria al senador del Partido Liberal, Mario Alberto Castaño. El funcionario es acusado del delito de concierto para delinquir agravado por ser el presunto líder de una red de corrupción, que direccionaba al menos 50 contratos con la finalidad de apropiarse de recursos públicos de Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Chocó y Risaralda.

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