Este año se cumplen 33 años del magnicidio del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento en la plaza central de Soacha; en este hecho que marcó a los habitantes del municipio ubicado al sur de Bogotá y a todo el país, también fallecieron Santiago Cuervo Jiménez, escolta del candidato, y Julio César Peñaloza Sánchez, un concejal de Soacha que hacía de maestro de ceremonias en el evento junto al político liberal.
En las últimas horas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un comunicado en el que condenó a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía por la muerte del concejal. Cabe recordar que el 18 de agosto de 1989, en medio del ataque contra el candidato, Peñaloza resultó bastante herido, pero falleció hasta el 23 de agosto como consecuencia de esas heridas.
Según detalló el Tribunal, la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía serían los responsables extracontractuales en la muerte del hombre que en ese momento también era candidato al Concejo por el Nuevo Liberalismo. Luego de 33 años, la familia de Peñaloza podría recibir una reparación por parte del Estado ante la muerte del político.
La decisión del Tribunal llega luego de señalar que el día del atentado, hubo fallas en el servicio del extinto DAS, puesto que se evidenció que se hizo un cambio de escoltas por unos que no eran idóneos, lo que habría facilitado que el atentado se cometiera. Además, señalaron que es evidente que Julio César Peñaloza no era una persona ajena al evento del candidato Luis Carlos Galán, puesto que este estaba en su campaña al Concejo, la cual estaba directamente relacionada con el partido político del cual Galán era líder.
Además, añadieron que la falta del DAS fue mucho más grave teniendo en cuenta que en ese año era de conocimiento público la posibilidad de “atentados en contra de la población civil, líderes políticos, miembros de la Policía Nacional, jueces, magistrados, ministros, exministros” y, en general, todo aquel que fuera un problema para los grandes narcotraficantes del país.
Recordaron que, teniendo en cuenta que es claro que hubo una “falla en el servicio” del DAS y la “responsabilidad del estado” por los daños que se derivaron de este acto, la Corte Suprema de Justicia declaró el atentado como un delito de lesa humanidad, ya que el atentado fue contra la población civil en medio de una plaza pública.
El Tribunal concluyó que la responsabilidad de la Nación, la Policía y el Ministerio de Defensa con la muerte del concejal también tiene que ver con que, en ese momento, las amenazas del narcotráfico no solo estaban dirigidas al candidato presidencial. “No solo existían amenazas directas en contra de Luis Carlos Galán Sarmiento, sino, en general, sobre los integrantes del Nuevo Liberalismo. El DAS era quien estaba en la obligación de brindarle protección a esta persona (Galán) y se esperaba que el personal de vigilancia y escoltas asignados fueran suficientes e idóneos, pero, por el contrario, el líder político fue sometido a una desprotección que facilitó la comisión del atentado en su contra”.
Peñaloza fue un reconocido líder en el municipio de Soacha, especialmente porque tuvo un papel protagónico en la construcción de escuelas de danza y fútbol. Con esta condena del Tribunal de Cundinamarca, el Estado tendría que pagar a la esposa y las dos hijas del concejal una indemnización de hasta 300 salarios mínimos legales vigentes, para cada una, debido a los daños y perjuicios, los que se agravaron porque las dos progenitoras de este político eran menores de edad al momento de los hechos.
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