El pasado 13 de marzo, se llevaron a cabo las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas en Colombia, y desde ese día se han conocido varias denuncias de fraude electoral por parte de candidatos o personas que dicen abiertamente que hicieron cambios en los resultados.
El caso más sonado es el del nieto de Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur, quien a través de sus historias de Instagram narró cómo hizo fraude en contra del Pacto Histórico. Aunque, Suani Lefevre Bessudo salió a pedir perdón y dijo que no había cometido fraude, las autoridades ya investigan el caso.
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Sobre este tipo de modalidades de fraude la MOE se pronunció en un comunicado este 16 de marzo, en el que solicita a la Registraduría Nacional del Registro Civil que indague lo ocurrido.
Debido a la gravedad de los hechos, tanto para la legitimidad del proceso electoral y sus resultados, como para aquellos ciudadanos que depositaron sus votos en esas mesas de votación confiando en la transparencia de los jurados, la organización electoral debe garantizar la realización del reconteo de los votos en las mesas en las que estas personas tuvieron presencia, sin importar la instancia en la que en este momento se encuentre el proceso de escrutinio.
Además, instaron a que revisen los certificados electorales de las mesas involucradas en los escándalos mencionados.
Así mismo, se debe informar a la ciudadanía votante en dichas mesas que revisen su certificado electoral y verifiquen que sus datos (nombre y número de identificación) estén correctamente registrados.
Y en dado caso que “no lo estén”, la Moe le pide a la Registraduría Nacional del Estado Civil “que proceda a hacer el cambio en el registro del votante en los respectivos certificados para que sus datos queden correctamente asentados en los mismos”.
Agregó además que a pesar de que la medida pueda “mitigar el impacto”, las acciones realizadas contra la democracia son “irreparables, en particular, aquellas que consisten en fraude o engaño al elector al no habérsele entregado la tarjeta que solicitaron para respetar su preferencia política”.
Por esta razón, la Misión de Observación electoral le recordó a la ciudadanía que haya ejercido como jurado de votación y los que vayan a hacer el próximo 29 de mayo que “están cumpliendo funciones públicas transitorias y -por tanto- están sujetos al régimen disciplinario. Por esta razón, sus actuaciones tienen consecuencias tanto de tipo administrativo como de tipo penal”.
Por último, lamentaron este tipo de actuaciones que “ponen en peligro y desprestigian la democracia colombiana”, pues se cuestiona la legitimidad y transparencia de los comicios.
“En contraposición a lo anterior, reconoce a las y los observadores que también provienen de universidades públicas y privadas y que, si bien no fueron seleccionados como jurados, el pasado domingo tomaron la decisión, de manera voluntaria, de realizar un ejercicio de observación electoral, prestándole de esta manera un servicio a la democracia. Asimismo, invita a los colegios y universidades a fortalecer la formación democrática y cívica de sus estudiantes, pues la lucha contra la corrupción inicia precisamente desde la forma en que los jóvenes afrontan sus responsabilidades individuales y colectivas, y contribuyen a garantizar que la voluntad y libertad en la toma de decisiones sea respetada”, finalizó la MOE en un comunicado.
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