Las murallas de Cartagena se estarían viendo afectadas por descontrol de lanchas en la bahía

Con el fin de proteger las murallas de Cartagena de daños de gravedad, el abogado Joaquín Torres impuso un recurso legal para que la Dirección General Marítima (DIMAR) ponga sus ojos sobre este espacio. De acuerdo con lo que argumenta, el descontrol que hay sobre las lanchas en la Bahía es lo que ha venido generando el deterioro. El jurista pidió a la autoridad ponerse al frente de la situación y sancionar a los conductores que excedan la velocidad en la zona.

“La Dimar tiene la obligación, así como las autoridades de tránsito, de controlar la velocidad de las embarcaciones, hay absoluta negligencia y abandono en el control de la situación, por eso esas lanchas transitan por la Bahía como si estuvieran compitiendo. Buques que están atracados en la bahía muchas veces sueltan sus anclas y se han registrado accidentes”, comentó el experto en testimonios rescatados por la FM.

El abogado impuso una solicitud jurídica sobre la Dimar para que, desde esa entidad, se argumenten las consideraciones. “Si la Dimar no da respuesta a mi solicitud jurídica, en 12 días los estaría demandando para que sea el Tribunal Administrativo de Bolívar que le ordene cumplir lo que le toca, que es cumplir con los patrullajes permanentes como agentes de tránsito en una avenida”, destacó ante la misma emisora. Fue gracias a la comunidad del barrio Manga que se conocieron que algunas lanchas transitan con exceso de velocidad en la bahía de Cartagena. Fue así como se decidió solicitarle respuestas a la Dirección General Marítima.

“Cada lancha que exceda la velocidad debe ser detenida, retenida y se le debe aplicar acciones drásticas, esas embarcaciones transitan como si estuvieran en competencia. Las murallas se están erosionando eso se va dando de manera lenta y cuando nos demos cuenta si esto no se detiene, se cae una muralla (...) las bases que sostienen los embarcaderos de naves como El Club de Pesca y El Club Náutico han sufrido afectaciones en las bases que los sostiene y muchos de los propietarios de velero que son fondeadas en esos muelles generalmente sufren daños”, enfatizó Torres.

En otras declaraciones hechas por Torres, recogidas por el diario El Universal, el abogado dijo que lo que busca, al lado de la comunidad, es que no se terminen de erosionar las murallas. Lo ideal, destacó, es que no se perjudiquen más las bases que sostienen los muelles y evitar afectaciones a las embarcaciones fondeadas en el mar. “De igual forma buscamos evitar accidentes”, dijo.

“Motiva esta petición el hecho que, de manera continua, en el día y en la noche por los espacios marítimos ya relacionados transitan principalmente lanchas a motor y yates a altas velocidades, generando alto oleaje y mucho ruido por el incremento en las revoluciones de los motores con las afectaciones ya referidas. Pretendo que sean amparados los derechos colectivos al ambiente sano, el patrimonio cultural e histórico, la prevención de desastres previsibles técnicamente, la salubridad y seguridad pública y el uso y goce del espacio público”, destacó el jurista.

A esto se une la polémica desatada hace cerca de un mes cuando iniciaron en Cartagena las obras preliminares del macroproyecto de Protección Costera. Aquellas obras, de acuerdo con la comunidad, estarían afectando el patrimonio de la ciudad. Los ciudadanos aseguraron que era preocupante la instalación de piedras enormes cerca a la orilla del mar.

El director de la división de Patrimonio, del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Alfonso Cabrera, que opera como secretario del Comité Técnico del Patrimonio Cultural de la ciudad, aseguró que era necesario suspender las obras preliminares en la Avenida Santander, “desde el Monumento de los Mares hasta el Espigón de las Tenazas porque se estaría atentando contra la Escollera Sumergida de la Marina”.

“El tema principal es que se está haciendo una intervención sin la debida aprobación, por parte del Comité Técnico Cultural del IPCC, esto es lo que ponemos en alerta a la ciudad. es nuestra obligación como Comité decir que estamos a tiempo para que se tomen las medidas correspondientes para no afectar al patrimonio; Se plasman los conceptos del Comité Técnico de Patrimonio sobre algo que todavía no ha sido aprobado totalmente, tienen que ser debidamente subsanada las observaciones que se habían hecho”, afirmó Alfonso Cabrera.

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