Contraloría encontró problemas en el Puente Pumarejo que superan los $ 25.000 millones

El equipo auditor evidenció que Invías no ha ejercido eficazmente la función de adecuada salvaguarda de los activos derivados de las obras construidas

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El puente Pumarejo fue inaugurado
El puente Pumarejo fue inaugurado el 20 de diciembre de 2019. Foto: Invías/archivo

En medio de las investigaciones que adelanta la Contraloría General de la República para determinar cómo se invierten los recursos públicos en el país, se encontró que siete proyectos adjudicados por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) tienen problemas. Las fallas generan un detrimento patrimonial de más de 50.000 millones de pesos, de los cuales, la mitad de los recursos fueron deficiencias encontradas en el Puente Pumarejo, en Barranquilla.

“La Contraloría determinó 7 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor superior a los 50 mil millones de pesos (50.155.113.567) en un Auditoría de Cumplimiento que realizó al Invías, sobre 42 contratos por 1.7 billones de pesos. El hallazgo con presunta incidencia fiscal de mayor cuantía corresponde al contrato para la construcción del nuevo Puente Pumarejo, en Barranquilla”, informó la Contraloría.

Se detalló que los problemas relacionados al Puente Pumarejo representan un detrimento patrimonial de 25.296 millones de pesos. Según el ente de control, el problema radica en la deficiente gestión para garantizar el funcionamiento permanente de los sistemas de iluminación e instrumentación de esta estructura, puesta en funcionamiento desde diciembre del año 2019.

Con relación a las obras ejecutadas, el equipo auditor evidenció que Invías no ha ejercido eficazmente la función de adecuada salvaguarda de los activos derivados de las obras construidas. Se detectó el hurto y vandalismo constante sobre los elementos del puente y las autoridades no han mitigado esta situación, aún cuando estas eran conocidas desde el inicio de la construcción de las obras, pues el sector donde está ubicado este puente es una zona de tolerancia.

De igual manera, se evidenciaron deficiencias de calidad en algunos elementos de las estructuras entregadas del puente, producto de falencias en el proceso constructivo y en la supervisión.

Se indicó que, a la fecha de terminación de la Auditoría de Cumplimiento (noviembre de 2021), “el puente se encontraba sin iluminación y sin el funcionamiento de su sistema de instrumentación, pese a las cuantiosas inversiones realizadas para tal fin”.

Esto significa que, aunque la obra se completó y fue inaugurada, está no está funcionando en un 100 %.

“Aunque existen todavía elementos pertenecientes a los sistemas de iluminación e instrumentación del puente, dichos sistemas no están funcionando ni cumpliendo la utilidad esperada ni tampoco están prestando los servicios especificados, generando con ello problemas de seguridad vial y peatonal e incertidumbre acerca del comportamiento estructural del puente”, indicó el ente de control.

La Contraloría considera que, en este caso, se ha generado una gestión antieconómica e ineficaz del recurso, lo cual ha conllevado a la no utilización, tanto de la iluminación en el puente como de la instrumentación del mismo, con la consiguiente pérdida y deterioro de las inversiones realizadas. Esto, además, genera la necesidad de tener que realizar nuevamente inversiones para colocar en funcionamiento la iluminación de la estructura.

Ante esta situación, se elevó como presunto daño patrimonial el valor total pagado al contratista de obra por los sistemas de iluminación e instrumentación, dado que no estaban en funcionamiento a la fecha de la Auditoría de Cumplimiento y, por tanto, no estaban prestando los servicios de seguridad y monitoreo previstos en los diseños del puente y pagados en desarrollo del contrato de obra.

Cabe anotar que, de igual forma, hay un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y apertura de indagación preliminar, al evidenciarse corrosión prematura en las barandas del nuevo puente. Estos hechos son los que también han ocasionado la recomendación de realizar una indagación preliminar, a efectos de poder establecer un presunto daño fiscal, estimar su valor y determinar presuntos responsables.

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