La Fiscalía General de la Nación informó que condenaron a Ricardo Andrés Carvajal Salgar, implicado en el atentado a la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, el cual sucedió hace más de tres años. Una juez penal especializada de Bogotá emitió el fallo condenatorio este miércoles 16 de marzo.

En el atentado de 2019, fallecieron 23 personas y 81 quedaron heridas, luego de que se activara una carga explosiva dentro de la entidad. A principios de este año, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía solicitaron que el detenido por este caso, Ricardo Carvajal, sea condenado con la máxima pena.

El ente investigador presentó una serie de pruebas, las cuales fueron determinantes para el fallo emitido hoy por la juez.

Con el material probatorio, los fiscales de la Seccional de Bogotá y de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales demostraron que Carvajal pagó el arrendamiento de la bodega donde escondieron la camioneta acondicionada con los explosivos para cometer el atentado. El lugar que alquiló el procesado, desde el 24 de noviembre de 2018, está ubicado en el barrio Santa Librada, en el sur de Bogotá.

La Fiscalía también argumentó que Carvajal “prestó colaboración importante, previa y o antecedente” para la realización del atentado, debido a que ayudó en la “manutención de un lugar estratégico para elaboración, y camuflaje, de elementos constitutivos del hecho final”. Con esa lógica, la juez del caso resolvió que, a pesar de que el procesado no estuviese en la bodega el día de la explosión, no implica que se libre de la responsabilidad en los delitos imputados.

Ricardo Carvajal fue declarado culpable de los delitos de: terrorismo agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo para las Fuerzas Armadas, y daño en bien ajeno agravado.

Cabe recordar que Carvajal fue capturado horas después de que sucedieran los hechos. La prueba principal para su captura, y que también pesó en la decisión de la juez, fue la interceptación de una llamada telefónica en la que le aseguró a un tercero que estaba implicado en el atentado. “Estoy encaletado porque pusimos la bomba”, se le escuchó decir en la comunicación. Su defensa, sin embargo, fue enfática en asegurar que el comentario resultó de una conversación a modo de mofa y burla, pero que no era una confesión.

Por su parte, la Fiscalía afirmó que por los hechos, Carvajal permanecerá privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.

Después del trágico atentado, las familias de los uniformados que fallecieron por la explosión del carrobomba se encuentran en la lucha para recibir una indemnización que podría superar los 300 millones de pesos, si prospera.

Ese día, de acuerdo con lo registrado en las cámaras de seguridad, una camioneta Nissan Patrol entró a las instalaciones de la escuela con cerca de 80 kilos de pentolita. Luego de la conmoción, y tras la investigación, se descubrió que el conductor de la camioneta era José Aldemar Rojas Rodríguez, un hombre identificado por las autoridades por ser un miembro del ELN.

La aparente facilidad con la que entró aquel señalado delincuente es la principal razón por la que los familiares de los jóvenes asesinados en este hecho reclaman al Estado explicaciones. De acuerdo con lo que argumentan, desde la escuela se debía garantizar la seguridad de aquellos jóvenes.

El proceso de la indemnización, de acuerdo con lo que explicó la revista Semana, podría tardar entre 15 y 20 años. Esto debido a la tardanza en la realización de audiencias, alegatos, conclusiones y demás procesos administrativos.

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