Algunos excombatientes de las Farc exigieron ante la JEP que el Estado reconozca lo que consideran crímenes cometidos, durante el conflicto, en contra de los guerrilleros por parte de las fuerzas militares y organismos de seguridad oficiales. Esa doble condición de victimarios y víctimas que se atribuyen, fue condenada por el ministro de Defensa, Diego Molano, quien calificó la solicitud como “la mata del descaro”.

La solicitud de los excombatientes de las Farc fue hecha por Victoria Sandino, Joaquín Gómez y Benko Biohó, líderes del grupo guerrillero antes de su entrega de armas, quienes presentaron a la JEP un informe titulado: ‘Crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos cometidos por las Fuerzas Militares y organismos de seguridad del estado’.

Horas después, Funvides, una fundación que trabaja por la protección de los derechos de los miembros de la Fuerza Pública víctimas del conflicto en Colombia, también presentó un informe ante la JEP para solicitar que se abra un macro caso que reconozca los crímenes de guerra cometidos contra la fuerza pública y que dejaron más 400 mil personas afectadas.

Según el ministro Molano, entre esos delitos cometidos se cuenta la instalación de minas antipersonas, condenada por el Derecho Internacional Humanitario que dejó más de 6.000 militares con lesiones permanentes, como lo detalla el documento entregado a la JEP Caminando Hacia la Paz: “Verdad y Dolor”.

El informe describe el uso de esos explosivos como una práctica sistemática que en total han dejado 12.136 colombianos, entre Fuerza Pública y civiles, “que han sufrido el horror de un enemigo invisible de las minas antipersonal y de los artefactos explosivos improvisados, utilizados como método de guerra”, sostuvo el ministro de Defensa.

Tras la presentación de ese informe, que busca que algunos miembros del Ejército (considerado otro actor armado del conflicto) también sean reconocidos como víctimas por múltiples hechos que habrían cometido las Farc durante la guerra y que sean incluidos en un macrocaso; el ministro Molano se refirió al informe y declaraciones entregadas por los comparecientes.

“Eso sí es la mata del descaro. Los victimarios reclamando ser víctimas, cuando lo que tienen que hacer es reconocer sus responsabilidades para los más de 9 millones de víctimas en Colombia; y en el caso de la Fuerza Pública 403 mil por prácticas que utilizaron en contra de las instituciones”, afirmó el ministro.

El ministro Molano aseguró que el Acuerdo de Paz que permitió el retorno a la vida civil de más de 13 mil guerrilleros “se hizo centrado en las víctimas, no en los victimarios. ¿Ahora quieren jugar los victimarios a ser víctimas? ¡No! El país debe reclamar justicia, verdad y reparación para las víctimas, no para los victimarios”, sostuvo.

Respecto al informe, sostuvo que los comparecientes ante la JEP deben recordar que en medio del conflicto utilizaron armas no convencionales que además, como las minas, incluyeron tuercas, tornillos, vidrio y hasta material fecal, para agravar las heridas y afectar la vida y la integridad de los militares que cayeron en esos campos.

Con el informe presentado y otros ocho que se han entregado previamente al tribunal especial, el Gobierno busca participar de las audiencias públicas de la JEP, para recomendar la apertura de un macrocaso que reconozca esos crímenes. Estos son prácticas de gran relevancia en el conflicto por afectación a personas y territorios.

“No puede ser que los reflectores se estén dirigiendo hacia la Fuerza Pública y no en los verdaderos victimarios. Además, mientras los grupos armados ilegales minan para quitar y destrozar vidas, sembrando terror, son nuestros militares, soldados de la Patria, los que hoy en día, desminan para proteger la vida y devolver la esperanza”, recalcó el Ministro.

Los excombatientes, por su parte, sostienen que mientras han avanzado en el reconocimiento de los crímenes de los demás macrocasos, al menos cinco que los incluyen como principales determinadores, el Estado y sus organizaciones continúan sin ser abordados, aunque la JEP avanza en el caso de muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate (falsos positivos) y la victimización de miembros de la Unión Patriótica.

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