La Procuraduría General de la Nación anunció que profirió cargos al exalcalde de Buenaventura, Valle del Cauca, Bartolo Valencia Ramos. Esto debido a que el exfuncionario habría aceptado que la administración hizo pagos por servicios educativos a estudiantes fantasma.
Según el Ministerio Público, el exalcalde al parecer aceptó el pago de los servicios mencionados a 41.267 estudiantes que no existen. Esto habría generado un detrimento patrimonial por 37.000 millones de pesos.
Aparentemente Bartolo Valencia utilizó recursos del Sistema General de Participaciones del sector de la educación para hacer pagos durante 2012, 2014 y 2015. Debido a esos movimientos financieros, el Ministerio de Educación ordenó una auditoría en la que el exmandatario no pudo justificar los gastos.
“Bartolo Valencia Ramos pudo darle un manejo indebido a los recursos destinados al sector educativo del Distrito (…), dada la inexistencia de 41.267 estudiantes, de los 111.600 reportados al Ministerio de Educación Nacional”, señaló el Ministerio Público en el pliego de cargos.
La Procuraduría General de la Nación añadió que el exfuncionario se habría apartado de las reglas sobre administración de bienes ajenos y de “los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia, que imponen un obrar transparente y responsable, más aún, tratándose de recursos destinados a la educación de niños, niñas y adolescentes, a quienes se les debe asegurar ese derecho fundamental en condiciones de óptima calidad”.
Otras irregularidades en contratos relacionados con el sector educativo en Buenaventura
El Ministerio Público informó que el pago de servicios educativos por estudiantes fantasma en Buenaventura no es la única irregularidad que se encontró durante el mandato de Bartolo Valencia Ramos.
Según estableció el órgano de control, el exalcalde de Buenaventura y la exsecretaria de Educación del municipio, Yenny María Angulo Quintana, incurrieron en presuntas irregularidades en contratos con los que se buscaba ampliar la cobertura del sector educativo en el municipio.
Con esos contratos se habría generado otro detrimento patrimonial por la menos 2.552 millones de pesos, según informó la Procuraduría.
El ente de control estableció que los exfuncionarios incluyeron en el banco de oferentes del municipio y contratado al Centro Docente Ana Victoria. Las irregularidades estarían enfocadas en que ese establecimiento no contaba con los requisitos de trayectoria e idoneidad exigidas por la ley para entrar en el proceso de licitación.
Además, el Centro Docente Ana Victoria tampoco contaba con la infraestructura física adecuada para recibir una población de dos mil estudiantes, cifra ofertada por esa institución al momento de suscribir su vinculación contractual con el municipio. Por lo anterior, ese establecimiento educativo hizo uso de otras instalaciones para cumplir con el contrato.
“El Centro Docente Ana Victoria prestó el servicio a través de otras instituciones educativas que además no estaban inscritas en el banco de oferentes, es decir, con instalaciones distintas a las presentadas para su inclusión en el banco de oferentes, lo cual confirma la ausencia de los atributos de reconocida trayectoria e idoneidad”, explicó la Procuraduría General de la Nación.
Por esos hechos, la Procuraduría profirió dos cargos disciplinarios en contra del exalcalde Valencia Ramos, calificados como faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima. Igual calificación recibió la presunta conducta cometida por la exsecretaria de Educación, Yenny María Angulo.
Cabe recordar que el exmandatario local estuvo detenido en distintas ocasiones por presuntos hechos de corrupción durante su gobierno.
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