Etnocidio y racismo estructural en la Orinoquía denuncian indígenas ante la JEP

Pueblos indígenas de la región de la Orinoquía colombiana, entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe “Etnocidio y racismo estructural en la Orinoquia”, en el que denuncian las condiciones para un exterminio físico y cultural de los habitantes originarios de esta zona en el marco del conflicto armado en Colombia. Algunos de estos pueblos se encuentran en peligro de extinción como lo ha reconocido la Corte Constitucional.

Este trabajo fue realizado por los pueblos indígenas de las etnias Amorúa, Maibén Masiware, Tshiripu, Sikuani y Cuiva, habitantes ancestrales de los llanos orientales y de las selvas de la región de la Orinoquía, quienes estuvieron acompañados y respaldados por las organizaciones que conforman la Red Llano & Selva. Según esta organización, el objetivo del documento, es aportar al esclarecimiento de las violencias ejercidas contra los pueblos indígenas de la región.

El informe consta de cuatro capítulos: En el primero se contextualiza la región de la Orinoquia en relación a los pueblos indígenas que la habitan, sus características geográficas, económicas, y sociales. También se hace un acercamiento de las nociones de racismo estructural, genocidio, etnocidio y exterminio indígena.

En el segundo capítulo se presentan cuatro casos representativos de violencia hacia las comunidades. A su vez, se realiza el perfil de cada una de ellas, los hechos victimizantes, las actuaciones procesales, el material probatorio y las peticiones de cada pueblo para su reparación.

Por su parte, en el tercer capítulo se presenta un análisis sobre los tipos de violencias basadas en género y violencia sexual ejercidas en su contra, haciendo énfasis en mujeres, niñas, niños y adolescentes, además se analizan las formas y estrategias de resistencia desarrolladas por los pueblos indígenas. Y en el cuarto y último, se presenta una propuesta de lineamientos técnicos sobre trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador desde una perspectiva étnica.

La magistrada de la JEP, Marcela Giraldo fue la encargada de recibir el informe por parte de las comunidades indígenas y resaltó que, “creo que este es un esfuerzo muy grande de hacer un recuento de lo que les ha ocurrido. Ustedes son unas voces sobrevivientes de sus ancestros y me siento muy orgullosa de esos papeles que han asumido en sus comunidades”.

Según la ONG Hacemos Memoria, dentro de los principales problemas que tienen los pueblos indígenas de los Llanos Orientales está el despojo territorial, que se hace de manera violenta y administrativa por parte del Estado. En muchas zonas, los pueblos indígenas han sido amenazados y por ende han tenido que dejar sus territorios ancestrales. La pérdida del territorio también se da por la falta de titulación colectiva y de reconocimiento a los pueblos ancestrales por parte de las instituciones estatales.

Esta zona del país fue una de las más afectadas en los tiempos de guerra. Según la Comisión de la Verdad, el 35% de esta población, resultó víctima de los enfrentamientos entre los grupos armados. Para la entidad de paz, las dinámicas del conflicto armado, en la Orinoquía, empezaron en los años 50 y posteriormente se agravaron por la siembra de cultivos ilícitos, especialmente el de coca.

Para la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz este informe, “toma relevancia debido a que es crucial conocer los hechos victimizantes que sufrieron los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado, sus causas y consecuencias humanas y jurídicas”. Por el momento, el informe será de dominio único de la JEP, pero se espera que pronto se puedan conocer los detalles de los hechos de violencia que sufrieron los indígenas en la Orinoquía.

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