Denuncian violencia electoral durante las pasadas elecciones de las Curules de Paz

Como es costumbre durante los últimos 18 años, la Delegación Asturiana de Derechos Humanos visitó Colombia para acompañar y establecer el estado de derechos humanos en zonas de conflicto armado y social en el país. Este año, el viaje de la misión coincidió con las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo.

Entre el 4 y el 12 de marzo la delegación visitó las regiones del Bajo Atrato, Córdoba, Urabá, Sucre, Norte de Santander, Arauca, Caquetá y Putumayo.

Lo primero que expresó la delegación española en su informe fue una felicitación al pueblo colombiano por “una jornada electoral en la que se expresaron con fuerza opciones políticas favorables a la equidad, la justicia social y la paz”. Sin embargo, resaltaron que hay “certezas sobre la continuidad del conflicto armado que sirve al propósito de desplazar a la población indígena, campesina y negra de sus territorios, para imponer proyectos de inversión de las multinacionales”.

Esta delegación nació hace 22 años con el objetivo de acoger, en el norte de España, a líderes sociales y sindicales amenazados o sobrevivientes de atentados. Este año el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia acoge a 134 personas colombianas defensoras de Derechos Humanos, en el país europeo.

Durante su última visita al país, la organización aprovechó para entregarle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los 17 informes previos, realizados en sus viajes anteriores, además a la Comisión de la Verdad, le hizo entrega de 21 documentos de crímenes de lesa humanidad y de exilio. Esto con el propósito “de la solidaridad internacional a la búsqueda de la verdad y de la justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad.”

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La intención de la delegación europea, era verificar la situación de derechos humanos de las víctimas del conflicto armado de estas zonas del país, de cara a las elecciones de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Así como el desarrollo del Acuerdo de Paz, las garantías y las libertades para las elecciones de sus candidatos a la Cámara de Representantes.

Durante la jornada electoral la delegación pudo constatar que: “impera el miedo al paramilitarismo que se expandió potenciado por el narcotráfico y con responsabilidad de la fuerza pública que en muchas regiones omite el deber de combatirlos”, señala el documento de fecha de 15 de marzo de 2022 y es firmado por los 13 integrantes de la delegación.

Desde que se conoció que Jorge Rodrigo Tovar, hijo de Jorge 40, fuera electo como representante de la Circunscripción N°12, que representa a municipios de Cesar, Magdalena y La Guajira, las víctimas han manifestado su inconformidad para que el hijo de uno de sus mayores victimarios, ocupe ese lugar en el Congreso de la República.

A esto también se refirió la delegación española, “los aportes del gobierno para la campaña política no llegaron a tiempo. Las candidaturas auténticas de las víctimas quedaron en franca desventaja frente a los candidatos de los partidos tradicionales bien financiados, como la del hijo de alias Jorge 40 que revictimiza a millones de personas”, señalaron.

Respecto a las libertades políticas de las comunidades, el reporte señala que estas regiones del país, están dominadas por bandas paramilitares, insurgencias y bandas criminales que ejercen control social y político, lo que dificulta la libre elección de las personas. Puntualmente, la Delegación de Derechos Humanos, señaló que las graves anomalías en las postulaciones a las curules de paz fueron continuas en Chocó, Córdoba y Sucre.

Por último, afirman que luego de los resultados del domingo pasado, se presentaron amenazas de muerte y cooptación (llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella) de candidatos por victimarios y partidos tradicionales. Según ellos las autoridades del pueblo indígena zenú de Flor del Monte, han sido declaradas objetivo militar por avalar una candidatura.

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