Este 15 de marzo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer negó la nulidad interpuesta por el exsenador, Iván Moreno -involucrado en el escándalo del carrusel de la contratación- en la que alegaba que se le habían vulnerado los derechos procesales, según él, el alto tribunal no había tenido en cuenta todas las pruebas presentadas por sus abogados.
Moreno pretendía con esta nulidad echar abajo los 14 años de prisión a los que fue condenado por robar en compañía de su hermano, el entonces alcalde Samuel Moreno, concejales, políticos y empresarios, millonarias sumas de dinero del presupuesto de Bogotá.
El exsenador pretendía que la Corte evaluara nuevos elementos materiales probatorios, pero el alto tribunal decidió que la solicitud no tiene ningún sustento legal, pues los hechos de corrupción por los que fue condenado se llevaron a cabo cuando él era senador dela República.
Según la alta corte, los hechos de corrupción por los cuales fue condenado se realizaron cuando él aún era senador de la República.
“Ahí les dejo mis procesos para que hagan con ellos lo que quieran”: Iván Moreno no volverá a rendir indagatoria en la Corte Suprema
En 2021, por medio de una carta enviada a la Corte Suprema de Justicia, Moreno le notificó a dicha entidad que no volverá a asistir a los juicios que esta adelanta en su contra.
En la misiva, que va con copia al Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Moreno Rojas sentencia que, “no voy a seguir legitimando con mi presencia la actuación injusta y el accionar ilegal de la Corte Suprema como equivocadamente lo hice en el pasado. Por eso a partir de hoy no rendiré indagatoria, no pediré pruebas, no ejerceré ningún recurso, ni alegaré de forma alguna”.
Lo anterior pues, de acuerdo con el exsenador, acusado en un nuevo proceso por haber recibido por lo menos 6.000 millones de pesos para favorecer la adjudicación de un contrato de ambulancias para el sistema de salud bogotano durante la administración de su hermano, el máximo tribunal de la justicia colombiana está desconociendo adrede una serie de pruebas que al parecer favorecen su defensa.
Con estas, se refiere por lo menos 100 testimonios, documentos e informes del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, de la Fiscalía General de la Nación, incluidos los No. 611969, No. 9-25394 y No. 1209; y hasta una carta rogatoria del Departamento de Justicia de Estado Unidos, redactada a su favor.
“Lamentablemente, la neurobiología de mis jueces, ha llevado a un desconocimiento de los mínimos derechos y garantías judiciales que tiene cualquier ciudadano, traducidos en condenas, investigaciones y juicios interminables, injustos e ilegales adelantados por la Corte Suprema, los cuales hoy desconozco por completo y no puedo respetar, porque han sido resultado de acciones y decisiones amañadas con presiones indebidas de toda naturaleza”, advierte Moreno, quien paga 14 años de cárcel desde 2014 por su papel en otras irregularidades del mencionado carrusel.
Las acusaciones en el tema del escándalo de las ambulancias, por las el pasado 8 de abril fue absuelto el exconsejal Omar Mejía Báez, se volcaron en contra de Moreno el pasado 15 de marzo, cuando la Sala de Instrucción de dicha corporación le formuló un nuevo cargo de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración del contrato 1229 de 2009, con el que la Secretaría de Salud de Bogotá contrató un servicio de atención prehospitalaria y traslado de pacientes en la ciudad por un valor cercano a los $67.000 millones.
Según la corte, habría sido el exsenador quien, aprovechando su influencia como miembro del Congreso de la República y hermano del entonces alcalde de la capital colombiana, logró que dicho contrato quedará, en 2009, en manos de Unión Transporte Ambulatorio Bogotá.
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