Fiscalía negó un ciberataque contra la página de la Registraduría, como afirmó Alexander Vega

Tanto el ministro de Defensa, Diego Molano, como el registrador nacional Alexander Vega aseguraron que en la mañana de este domingo, cuando se inició el proceso electoral, se había reportado un ataque a la página de la Registraduría. Contrario a esas declaraciones, el fiscal general Francisco Barbosa afirmó que no se trató de una acción delictiva, sino de incapacidad del portal.

La página de la Registraduría, aún más tras la transformación del siglo XXI que prometió Vega, era clave para que los ciudadanos verificaran su punto de votación, puesto y mesa, incluso con opciones como acceder al número de candidatos o a pedagogía. Pero desde el inicio de la jornada, ni la aplicación ni la página funcionaron.

Tras múltiples reportes y dos horas del inicio de la jornada, la Registraduría Nacional informó que junto a organismos de ciberseguridad del Estado activaron un “plan de seguridad por alto flujo inusitado contra la página de la entidad y la aplicación InfoVotantes”. Reiteró que en demérito de la tecnología empleada, los ciudadanos podían recurrir a los listados impresos colgados en cada uno de los puntos de votación para ver su mesa.

Sobre las 11:00 de la mañana se reestableció el servicio y la explicación del registrador Vega fue una vulneración de la seguridad. “Sabíamos que era una amenaza real, gracias a la labor de la seguridad cibernética del Estado y la Policía logramos restablecer la aplicación infovotantes. Se reactivó”, afirmó en rueda de prensa.

“No hubo falla técnica. Hasta ayer se registraron 30 millones de consultas y hoy otros 4 millones, para un total de 34 millones de consultas”, aseguró y agregó: “Desde la madrugada, se registró una creciente e inusitada actividad que fue detectada y neutralizada por la ciberseguridad de la entidad”.

Al respecto, en esa rueda de prensa, el ministro de Defensa afirmó que “en el puesto de mando unificado cibernético se reportó una afectación a la página de InfoVotantes, pero la aplicación para que los ciudadanos puedan ver el puesto de votación está funcionando normalmente”.

Pero esa supuesta actividad criminal fue descartada en la mañana de este 14 de marzo por el fiscal general Francisco Barbosa, quien aseguró que se había hecho un seguimiento con el grupo técnico del ente investigador y la policía para descartar un ataque de ciberseguridad.

“Nosotros estamos trabajando con la Policía Nacional para determinar qué ocurría. Podemos descartar que no hubo ningún ataque a la página de la Registraduría. Hubo una falla en la capacidad de esa página y por ende no podemos hablar de ataque”, aseguró Barbosa.

De acuerdo con la Fundación Karisma, una organización de la sociedad civil que busca proteger y promover los derechos humanos y la justicia social en el diseño y uso de las tecnologías digitales, es necesario establecer las responsabilidades de lo ocurrido.

Según las conclusiones preliminares de su veeduría durante la jornada electoral, publicada en el diario El Espectador, para la aplicación InfoVotantes se destinaron más de 14.000 millones de pesos, pero no se conocen las garantías del contratista para evitar ataques. En ese caso, no se habría mejorado el aplicativo cuando desde hace más de una década se conoce la posibilidad de ese tipo de agresiones cibernéticas.

Así mismo, “si fue por sobredemanda -grupo coordinado de ciudadanos y ciudadanas queriendo información-, los pasos a seguir son un poco los mismos: es necesario aclararlo y determinar responsabilidades y medidas de mitigación a futuro”, sostiene la Fundación. Además, recuerda que no fue la única crítica, pues la inscripción virtual también tuvo numerosos fallos, también se desconoce el algoritmo de jurados electorales, los resultados de las auditorias y no hubo claridad frente a la plataforma de delegados.

Según reveló la periodista Paola Herrera en la revista Cambio, el contrato de la Registraduría para los aplicativos tuvo un valor de 1,2 billones de pesos con la Unión Temporal Disproel y en él se estableció que debía garantizar monitoreo en tiempo real para garantizar funcionamiento, soluciones inmediatas y una disponibilidad de más del 99 % para evitar colapso.

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