Este 14 de marzo, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, presentó un informe ante la JEP sobre la seguridad de los excombatientes de las Farc y aseguró que es un paso ‘importante’ para garantizar la paz en el país.
Colombia sigue dando pasos importantes en la implementación de los acuerdos con las antiguas Farc, para conseguir una paz que le permita no solo garantizar los derechos a todos los ciudadanos, sino que se genere el clima que le permita al país seguir marchando hacia adelante, hacia un país mejor.
Camargo resaltó que una de las metas más importantes es garantizar la seguridad de los excombatientes de las antiguas Farc, quienes se acogieron al proceso y están reincorporándose a la vida civil con sus núcleos familiares, reconstruyendo sus vidas.
Desde la Defensoría del Pueblo creemos que esta es una condición esencial para construir la paz. Por esta razón, y como respuesta a las solicitudes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, construimos un informe sobre la situación de seguridad de los excombatientes. En el documento se recopiló información de diversas entidades, cómo la Fiscalía, que estableció que, pese a los esfuerzos Estatales en las garantías de protección, 285 personas en proceso de reincorporación han sido asesinadas desde 2017.
La línea investigativa de la Fiscalía logró establecer que en el 80 % de los casos los responsables de estos crímenes son estructuras criminales como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el Eln.
“Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos nuestro llamado a las entidades del Estado a seguir reforzando la seguridad en un sentido amplio e integral, para prevenir las vulneraciones a los derechos de los excombatientes. También, fortalecer la coordinación de acciones para el desmantelamiento de estructuras criminales, y de manera especial, fortalecer las estrategias de seguridad para desmantelar los Grupos Armados Organizados (GAO)”, agregó Carlos Camargo.
“Las garantías a la reincorporación de estas personas son fundamentales para seguir en la senda de la paz”, puntualizó.
Etnocidio y racismo durante el conflicto en Colombia, otro informe entregado al tribunal de paz
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) recibió este lunes el informe “Etnocidio y racismo estructural en la Orinoquía” en el que se denuncian prácticas que se “profundizaron” durante el conflicto armado, presentado por los pueblos indígenas de esa región colombiana.
El informe busca aportar al esclarecimiento de la violencia ejercida contra los pueblos indígenas de la región, que incluirían un exterminio físico y cultural de los habitantes originarios de la Orinoquía. En la entrega participaron representantes de las etnias amorúa, maibén masiware, tshiripu, sikuani y cuiva, y organizaciones sociales, defensoras derechos humanos y organismos internacionales, entre otros.
El documento incluye casos representativos con el perfil sociocultural de las comunidades y los hechos victimizantes desde los testimonios recolectados, así como un análisis sobre los tipos de violencia basadas en género y violencia sexual ejercidas en su contra. Además, contiene una propuesta de lineamientos técnicos sobre trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador desde una perspectiva étnica, según un comunicado compartido por la Red Llano y Selva.
Esta red está formada por nueve organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y una organización psicosocial que acompañan a comunidades víctimas del conflicto armado en la región de los Llanos Orientales.
Este grupo de víctimas elaboró el informe con el objetivo de “aportar al esclarecimiento de las violencias ejercidas contra los pueblos indígenas de la región las cuales han configurado las condiciones para un exterminio físico y cultural de los habitantes originarios de la Orinoquía, violencias que se pueden rastrear desde la época de la Colonia y que se vieron profundizadas en el marco del conflicto armado”.
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