Procuraduría abrió investigación a funcionarias de la Gobernación de Bolívar por afectaciones del derecho al sufragio

Debido a retrasos en las adecuaciones de centros educativos en tres municipios del departamento de Bolívar, los cuales habían sido seleccionados como puestos de votación, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra dos funcionarias de la gobernación departamental por supuestas afectaciones del derecho de sufragio de algunos candidatos.

El Ministerio Público anunció que el proceso, que se adelantará en contra de la secretaria de Infraestructura, Teresa de Jesús Gutiérrez Alvarado; y la secretaria de Educación, Verónica Monterrosa Torres, de la Gobernación de Bolívar, busca evidenciar si las funcionarias incumplieron su deber de constatar si el contrato suscrito para realizar las adecuaciones contemplaba un cronograma que permitiera adelantar un seguimiento a los avances y su cumplimiento.

El órgano de control recordó en el auto disciplinario que “la contratación estatal, como proceso administrativo contempla dentro de sí una serie de etapas entre ellas la precontractual, en la cual se deberá garantizar el principio de planeación”, sin embargo, estas no se cumplirán antes de la jornada de elecciones al Congreso que se realizará este domingo 13 de marzo.

A su vez, el Ministerio Público indicó que presuntamente estas obras de mejoramiento, que habían sido contratadas por la gobernación departamental y las cuales se llevan a cabo en instituciones educativas de los municipios de El Palmar, Menchiquejo y Panpanillo, no se terminarán durante este sábado, a menos de un día de las elecciones legislativas, razón por la cual no estarían dadas las condiciones para realizar la jornada electoral en estos puntos.

“El órgano de control adelanta esta actuación con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, determinar si constituyen faltas disciplinarias, y el posible perjuicio causado. Los implicados podrán solicitar ser escuchados en versión libre”, señaló la Procuraduría.

Fiscalía tiene listo plan para evitar delitos electorales durante los comicios de 2022

Fiscalía General de la Nación encontró que 784 municipios del país están en peligro a la hora de votar. Basados en su mapa de riesgo electoral, el ente acusador detalló, este 23 de febrero, que 258 municipios reportan un riesgo alto de comisión de delitos electorales, 526 más registran riesgo medio y 338 riesgo bajo. Esto quiere decir, que un 46,88 % de los municipios del país está en riesgo medio, un 30,12 % en riesgo bajo y un 22,99 % en riesgo alto.

“Construimos un mapa de riesgo electoral sobre la base de la presencia de actores ilegales, fraude electoral, geografía criminal, minería ilegal y cultivos ilícitos, violencia contra líderes sociales y la base de datos URIEL del Ministerio del Interior”, señaló Francisco Barbosa, fiscal General de la Nación.

Se indicó que los municipios que presentan el mayor índice de riesgo se ubican en departamentos como Antioquia, donde 38 municipios están en alto riesgo de presentar corrupción electoral. Seguido de Cauca, Nariño y Norte de Santander con 32, 18 y 18 municipios en riesgo alto, respectivamente. En la lista también preocupan Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

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